Hoy en día se está desarrollando una discusión, en principio muy técnica, pero a la vez también muy importante para la conservación de los ecosistemas acuáticos de Chile: se trata de los límites a los contaminantes descargados en los ríos, lagos, estuarios y el mar en Chile.

Actualmente, el Decreto 90 es el que regula la calidad de los efluentes industriales y urbanos descargados a los cuerpos de agua en Chile. Una normativa que se debió haber revisado en 2012, pero desde ese año se está discutiendo en el seno del Ministerio del Medio Ambiente, el responsable de impulsar esta regulación. Esto, fundamentalmente porque no hay acuerdo en los límites que se deben establecer respecto a la contaminación que aceptamos como sociedad.

El punto está en que en su forma actual, variada evidencia producida por la ciencia ambiental en Chile indica, que este Decreto no cumple su objetivo de proteger los ecosistemas acuáticos, porque su cumplimiento no evita que podamos observar daños a la flora y fauna de los cuerpos receptores.

Así, las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo no mejoran el escenario, ya que se proyecta regular 35 parámetros contaminantes químicos (de los miles que existen descritos en la literatura científica), que resultan del todo insuficientes para proteger lo que el Decreto está mandatado a proteger: la calidad ambiental de los ecosistemas que reciben esas descargas.

Sin duda, podríamos agregar muchos parámetros más tratando de completar la tabla periódica de los elementos, pero aun así podríamos igualmente estar contaminando desde el punto de vista científico (aunque no legal) nuestros ecosistemas.

A mi juicio, es importante replantear la pregunta de la protección de nuestros recursos hídricos continentales y marinos. Si el objetivo es cuidar los cuerpos receptores de las descargas industriales y urbanas de la contaminación, ¿por qué no exigir, en vez de la tabla periódica de elementos, que las descargas demuestren una mínima o nula toxicidad aguda o inmediata? Es decir demostrar que las descargas industriales y urbanas no presentan algún grado de toxicidad aguda, y si ello no es posible al menos que presenten una toxicidad compatible con la dilución del cuerpo de agua que recibe dichas descargas.

Esto último puede efectuarse a través de ensayos con organismos acuáticos, que ya están normados en Chile, y que permiten determinar si la descarga es capaz de matar o no organismos que viven en el agua. Con ello podríamos ahorrarnos muchos análisis químicos, muy caros, y que en muchos casos no entregarán la información necesaria para abatir la contaminación y evitar descargar residuos líquidos con elevados niveles de toxicidad en el agua dulce, estuarina y marina, como actualmente ocurre en el país, porque en general es un parámetro que no se regula y controla en una gran mayoría de los casos.

Si el sector productivo está realmente empeñado en ser sostenible, debiera preocuparse de establecer todas las medidas para evitar, que los sistemas naturales receptores de las descargas puedan verse afectados desde el punto de vista de la toxicidad aguda. A la vez, debería asegurarnos realmente, que la regulación está cumpliendo la función para la cual fue diseñada.

Ya estamos en el Siglo XXI, y como un país que busca avanzar hacia mejores estándares de sostenibilidad, nos debe ocupar el hecho de tener regulaciones que sean efectivas en la protección de un bien ambiental cada vez más escaso como el agua.

Entonces la tarea es avanzar -no tanto en aumentar el número de parámetros regulados que siempre enfrentan la resistencia del sector productivo- sino de hacerlo por medio de la evaluación de la contaminación a través de modelos que ya han sido implementadas con mucho éxito en países de mayor desarrollo, determinando si efectivamente las descargas no tienen efectos tóxicos en el medio receptor.

Con esto garantizamos que la valiosa biodiversidad chilena se pueda proteger con regulaciones más efectivas, y que tengan un positivo efecto en los ríos y el mar, pues observamos con perplejidad que hoy en día a pesar de estas normas, nuestros ecosistemas y su biodiversidad se siguen deteriorando.

Dr. Ricardo Barra Ríos
Director Centro Eula.
Académico Fac. Cs. Ambientales.
Investigador Crhiam e Instituto Milenio Secos.
Universidad de Concepción.