Uso desproporcionado de fuerza por parte de las instituciones “garantes del orden público” generó cientos de víctimas de mutilaciones oculares.
Pablo Torres
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica
Desde el 18 de octubre de 2019 y hasta la fecha miles de habitantes del territorio nacional hicieron amplio ejercicio de su legítimo derecho a la manifestación. Compelidos por las circunstancias, desbordaron calles y avenidas exigiendo precisamente el pleno ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la educación y el derecho a una pensión digna.
Sin embargo, frente a esta lucha por los derechos la respuesta institucional fue una sola, flagrantes violaciones a los mismos, en especial, al propio derecho a manifestarse y la integridad física y psíquica de las y los manifestantes.
En efecto, el uso desproporcionado de fuerza por parte de las instituciones “garantes del orden público” generó cientos de víctimas de mutilaciones oculares. Estos hechos, además del uso indiscriminado de la prisión preventiva como medida preferente frente a imputados en contexto de movilización, dan cuenta de que, la única respuesta del poder frente a la crítica, fue la represión y, por lo visto, un silencio cómplice.
Tristemente los relatos son, en muchos puntos, similares a los del fatídico período posterior al golpe de estado y la instauración de la dictadura cívico militar en nuestro país. Delitos que no son reconocidos, victimarios impunes, víctimas insatisfechas, y un discurso institucional que parece dar a entender que aquí nada ocurrió. Frente a ese discurso negacionista, la ciudadanía plantea uno totalmente distinto, el de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Fueron esas manifestaciones, con sus miles de lesionadas, lesionados y privados de libertad, las que desembocaron en el proceso constituyente actualmente en curso, por ello, es necesario volver a plantear un debate sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Seguimos viviendo violaciones brutales a los derechos humanos, una de las grandes deudas de nuestra “democracia”. No podemos seguir haciendo como si no existieran y seguir adelante. El nuevo pacto social debe fundarse en un compromiso profundo con los derechos humanos, por las generaciones pasadas y por las venideras. Ello requiere reconocer los errores y asegurar que nunca volverán a ocurrir. Solo entonces podremos hablar de una vida digna en Chile.