Se tramita en el parlamento una modificación a la Ley de Subvención Escolar Preferencial SEP, la que, promulgada en febrero del 2008, en el primer Gobierno de Michelle Bachelet, buscaba dotar a los colegios subvencionados de mayores recursos, focalizando el esfuerzo en aquellos de mayores necesidades.
Jorge Condeza
Ingeniero Comercial
Se tramita en el parlamento una modificación a la Ley de Subvención Escolar Preferencial SEP, la que, promulgada en febrero del 2008, en el primer Gobierno de Michelle Bachelet, buscaba dotar a los colegios subvencionados de mayores recursos, focalizando el esfuerzo en aquellos de mayores necesidades. Para ello se estableció una subvención por alumno prioritario y alumno preferente, asociados a factores de vulnerabilidad de cada familia.
Al poco andar, algunos alcaldes- sostenedores de la educación pública- decidieron usar parte de dichos recursos para otros asuntos, lo que se tradujo en una masiva malversación de fondos que finalmente se “solucionó” por la vía de una ley perdonazo que ampliaba los márgenes de uso de los dineros.
Los años han demostrado que la subvención SEP ayudó a muchos colegios a mejorar instalaciones, sistemas computacionales y hardware en general; pero a la gestión del currículo generando mejoras en los proyectos educativos y en las practicas pedagógicas; a mejorar el liderazgo escolar, la convivencia y la gestión de recursos, capacitando a los equipos directivos en estas importantes áreas.
Con el tiempo el fondo de apoyo se incrementó y hoy en subvención directa entrega 830 mil millones de pesos además de 157 mil en una subvención por concentración de alumnos prioritarios. Total, 990 mil millones de pesos, algo así como 1.350 millones de dólares, adicionales a los miles de las otras subvenciones e ítems presupuestarios.
Requeridos los municipios de informar cuánto se han gastado en los últimos años, algunos rápidamente han mostrado sus cifras bien cuadradas, pero muchos simplemente informan cualquier cosa o niegan la información indicando causales que la ley de la transparencia indica para otros asuntos.
La razón para todo este “desorden” radica en que al término de cada año el promedio de los municipios acumula cerca del 30% de lo entregado, con rangos que llegan al 90%, y año a año la cuenta aumenta quedando los fondos, supuestamente para la mejora en la calidad de la educación, empozados en cuentas corrientes cuyas conciliaciones bancarias nadie audita.
La nueva ley pretende cosas buenas, como un registro público de entidades pedagógicas y técnicas de apoyo que estarán certificadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales, con diversos requisitos lo que mejora notablemente lo que hay ahora en que muchos contrataron a cualquiera sin que sea posible medir resultado alguno de aquellas gestiones. Se propone además que los fondos ya no estén focalizados, sino que en base como se usa la subvención general de educación, lo que por un lado permitirá que se usen todos los recursos, pero por otro se logrará el blanqueo de todos los saldos que no han tenido ningún control.
Como muchas veces, la nueva “modernización” de la ley no considera ni control de recursos ni medición de resultados y eso pasa por discutir efectivamente que tipo de Estado queremos y como exigimos cuenta de lo que llamamos los recursos de todos los chilenos.