Parece que aún nos cuenta asumir que las mujeres debemos ser una voz en cada espacio de nuestra sociedad; que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, frente a quienes hay además un mandato internacional de protección universal e integral. Tampoco hemos asumido que los pueblos originarios son parte esencial de un Chile diverso y amplio, que también integran quienes han migrado a nuestro país.
Ximena Gauché Marchetti
Profesora del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción.
El 10 de diciembre de 1948 es una fecha histórica. Se proclamó por la Asamblea General de la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un ideal común para pueblos y naciones. En su Preámbulo, la Declaración indica que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas que integramos la familia humana. También, proclama que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros, estableciendo un listado de derechos y libertades que se reconoce a toda persona, sin distinción alguna por cualquier condición.
Han pasado 72 años y cuando empieza a concluir el 2020, vale la pena preguntarse por los ideales proclamados en 1948 a la luz de nuestra realidad. Hago esa pregunta pensando en derechos como el acceso a la justicia, vivir libres de violencia de género y la participación política. Sólo por acotar la pregunta.
El acceso a la justicia es un derecho humano esencial que favorece el ejercicio de otros derechos y es baremo de un estado democrático. Si bien el 2020 mostró avances en un sistema de justicia que se compromete con la tutela judicial efectiva de derechos de personas sometidas a condiciones de vulnerabilidad, también es cierto que siguen voces levantándose desde lo que aparece como supuesta pretensión de superioridad para decirnos cómo se debe criar a niños y niñas, o cuáles son los modelos “correctos” de familia, desconociendo estándares internacionales.
Del mismo modo, hemos visto como la sociedad civil tiene que intervenir y levantar voces en redes sociales, movilizaciones y campañas, para que se entienda que hay que erradicar la violencia de género, en todas sus formas y de todos los espacios, incluido el acoso en espacios laborales. Parece que aún no existe clara conciencia de que no es una realidad para muchas mujeres vivir libres de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
Por otra parte, seguimos como sociedad empeñados en obstaculizar a tantas personas su participación activa en las deliberaciones de nuestra vida democrática. Parece que aún nos cuenta asumir que las mujeres debemos ser una voz en cada espacio de nuestra sociedad; que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, frente a quienes hay además un mandato internacional de protección universal e integral. Tampoco hemos asumido que los pueblos originarios son parte esencial de un Chile diverso y amplio, que también integran quienes han migrado a nuestro país.
Así las cosas, las respuestas que encuentro a la pregunta que motiva estas reflexiones parecen ser de sombras en 2020. Sin embargo, las quiero poner cerca de una luz: la del proceso constituyente en marcha. El acuerdo que resulte como nuevo pacto social ojalá signifique un mejor marco para los cambios que se necesitan. De esta forma, tal vez al volver a preguntar por los ideales de 1948 en los próximos años tengamos mejores respuestas sobre justicia, violencia de género y participación.