Si analizamos los acontecimientos de la reciente revuelta popular podemos observar como a un gran número de los presos políticos se les imputa en su mayoría delitos contra la propiedad.
Emmanuel Arredondo Hernández
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica
Si hay un rasgo característico que tiene la actual y moribunda Constitución, es su ultra protección a la propiedad privada individual. Es tan así, que esta carta magna, en complicidad con otras leyes, permite la propiedad sobre bienes nacionales de uso público tales como el agua. Así también esta protección que parece bastante potente, es de igual manera mezquina, pues no fortalece ni promueve otras formas de propiedad más solidarias y de carácter colectivo. Es en este punto donde se ve plasmado cierto espíritu liberal extremista en donde la propiedad privada individual, es entendida como presupuesto de libertad, siendo la democracia solo un instrumento para asegurarla.
Dicha protección a la propiedad, irradia a todo el ordenamiento jurídico y en particular al derecho penal. Por ejemplo, si se analizan las últimas reformas al Código Penal chileno, es posible observar cómo sucesivamente se han ido elevando penas y creando nuevos delitos en donde el bien jurídico protegido es la propiedad.
En este mismo sentido, si analizamos los acontecimientos de la reciente revuelta popular podemos observar como a un gran número de los presos políticos se les imputa en su mayoría delitos contra la propiedad. Mas preocupante aún es si comparamos la cantidad de formalizaciones por delitos relacionados con torturas o apremios ilegítimos en comparación con los primeros en el contexto de la revuelta. Así también si comparamos el avance de estas causas, en el caso de imputados civiles juzgados bajo este contexto ya existen juicios y sentencias condenatorias al respecto, mientras que en el caso de violaciones a los DDHH la mayoría de estas causas aún están en etapa investigativa.
Esperemos que el proceso constituyente que se inicia logre revertir esta injusta y peligrosa situación, para lo cual también urge una ley de amnistía o una ley de indulto que permita construir un país en libertad, así como también castigar y perseguir de manera efectiva a los culpables por violaciones a los DDHH, pues estos últimos delitos socavan la libertad y son los que deben castigarse de manera más intensa por los bienes jurídicos comprometidos.