Katia Valenzuela
Académica de la Facultad de Ciencias Ambientales UdeC e investigadora de Cedeus

Un año ha transcurrido desde el octubre histórico que llenó las calles con miles de chilenas y chilenos demandando dignidad y un país más justo y democrático. Quienes habitamos en el Gran Concepción también fuimos testigos de esta oleada de movilizaciones y florecer comunitario. En ese momento, la política, otrora reservada a los partidos y gobiernos de turno, pareció retornar a los barrios y plazas, en la palabra y voz de personas comunes y corrientes que volvían a creer en su capacidad de gestionar los asuntos públicos. Una expresión de este fenómeno es la emergencia de las llamadas “asambleas territoriales”, espacios predominantemente urbanos de reapropiación del espacio público que han operado como foros para la deliberación y acción colectiva.

Esta activación de la política barrial, que comienza con los cacerolazos y encuentros informales en plazas, calles y pasajes, y que decanta con la participación en asambleas y cabildos, marca un antes y un después en el ejercicio de la asociatividad vecinal. Si recordamos la historia reciente de nuestro país, hasta 1973 se podía observar un proceso ascendente de organización comunitaria, consagrada en la Ley de Juntas de Vecinos del año 1968. Este proceso fue drásticamente desarticulado durante el período de la dictadura cívico-militar, en donde las organizaciones locales fueron intervenidas, se designaron dirigentes afines al régimen y se promovieron relaciones clientelares entre las Juntas de Vecinos y los municipios. Desde los noventa, y pese al retorno a la democracia, ha prevalecido en Chile una tendencia a la ‘fragmentación de lo vecinal’.

Este proceso ha sido reforzado por los sucesivos gobiernos democráticos, mediante políticas que promueven la atomización y competencia de la organización vecinal; la reproducción de prácticas clientelares a nivel local; y la privatización e imposición de una lógica individual de acceso a la vivienda. Asimismo, la política de vivienda social ha creado barrios fuertemente segregados, que reflejan una vez más la dualidad y desigualdad estructural de nuestro país.

Este panorama ha llevado a la población a profundizar su desconfianza hacia los actores políticos tradicionales, tales como partidos, personeros gubernamentales e instituciones del Estado. A nivel local, la impugnación a la política tradicional se ha expresado en novedosos espacios organizativos que reivindican con fuerza la construcción comunitaria en los barrios y ciudades chilenas. Un ejemplo son las asambleas territoriales, quienes se han convertido en instancias fundamentales para la reactivación de la política vecinal. Éstas han operado como espacios de reconocimiento y encuentro, en donde vecinos y vecinas se reúnen para discutir ideas y sentires en torno a la coyuntura nacional, además de realizar diversas actividades educativas, artísticas, de difusión y de movilización, con las que mantienen activas las demandas que emergieron en octubre de 2019.

Llama la atención que la mayoría de estas organizaciones vecinales no hayan sucumbido frente los efectos de la pandemia por Covid-19. Por el contrario, éstas se han transformado en creativos espacios de cuidado colectivo y apoyo mutuo para lidiar con las consecuencias de la emergencia sanitaria. Además, se han mantenido activas en la defensa de sus territorios, denunciando las constantes amenazas a su patrimonio natural y cultural.

Destaca, por ejemplo, la lucha de estas asambleas contra la proliferación de proyectos de edificación en altura en Concepción, así como el rechazo a la urbanización del Santuario de la Naturaleza en Hualpén. O el descontento de diversas organizaciones vecinales frente al inminente proyecto ferroviario en el Cerro Chepe, que generaría importantes impactos socio-ambientales en las poblaciones aledañas. Estos ejemplos demuestran que la reactivación de lo vecinal llegó para quedarse, y es de esperar que lo comunitario siga floreciendo y fortaleciéndose en los procesos sociales venideros.