Cultura y pueblos originarios

La realidad nos dice que todo esfuerzo y voluntad, por respetar y valorar a nuestros pueblos originarios y sus culturas, desde el mundo académico o desde organismos de la misma sociedad civil, no tendrá efectos prácticos si no se logra construir un diálogo que permita un acuerdo amplio para legislar el reconocimiento de sus derechos.

Pablo Gaete Villegas
Magister en Arte y Patrimonio
Director de Balmaceda Arte Joven

Han pasado 30 años, cuando recién recuperada la democracia, el presidente Aylwin creara en 1990 la Comisión Especial para los Pueblos Indígenas, a partir de los “Acuerdos de Nueva Imperial”. Entonces, todo parecía indicar que el Estado iniciaría por fin un dialogo constructivo y de reparación con nuestros pueblos originarios. Lamentable, ha debido pasar mucho tiempo para comprobar que nuevamente el Estado y sus instituciones no dan señales de real compromiso con su reconocimiento y valoración.

Recién en 2009, se aprobó en el Congreso Nacional el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado chileno a asumir la responsabilidad de proteger los derechos de los pueblos originarios, lo que se traduce en una “consulta previa” cada vez que se aplica una legislación o medida administrativa que afecte directamente los territorios pertenecientes a las culturas indígenas. Era uno de los compromisos de ese acuerdo, que se lograba aprobar después de 18 años.

Cuando se creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se quiso dar una señal en el plural de la palabra “cultura”. Pero fue sólo eso, una señal. Unos pocos años antes, en 2015, se creó al interior de la institucionalidad cultural el Departamento de Pueblos Originarios, hoy alojado en el Servicio Nacional del Patrimonio. Este organismo tiene como misión de “velar por la implementación de Políticas Culturales que consagren derechos que protejan y promuevan el patrimonio cultural, las expresiones artísticas y culturales de los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes del país”.

Pero la realidad nos dice que todo esfuerzo y voluntad, por respetar y valorar a nuestros pueblos originarios y sus culturas, desde el mundo académico o desde organismos de la misma sociedad civil, no tendrá efectos prácticos si no se logra construir un diálogo que permita un acuerdo amplio para legislar el reconocimiento de sus derechos y cuando el Estado chileno asuma que el conflicto con el pueblo mapuche no es de hace quinientos años como suelen repetir algunas autoridades, sino mucho más reciente.

Como bien lo narra Pedro Cayuqueo en su “Historia Secreta Mapuche”, el imperio español firmó la paz con la nación mapuche en el parlamento de Quillín en 1641 y reconoció al río Bío Bío como frontera entre el wallmapu y la corona española. Esto significó que, durante la segunda mitad del siglo XVII y todo el siglo XVIII, mapuches y españoles desarrollaron relaciones diplomáticas y comerciales, respetando soberanía territorial y acuerdos políticos que fueron perfeccionando en los Parlamentos posteriores, donde los propios gobernadores coloniales dialogaban con jefes y lonkos mapuche. Como sabemos, la llamada “cuestión mapuche” comenzó con la “ocupación forzosa del territorio de la Araucanía” por parte del Estado chileno en la segunda mitad del siglo XIX. Las consecuencias de aquel violento acontecimiento, las seguimos viendo actualmente en las noticias todos los días.