Cien años de la Ley de Educación Primaria Obligatoria

Este 26 de agosto se cumplen cien años de la entrada en vigencia de la Ley de Educación Primaria Obligatoria. Un siglo después, los desafíos en educación aún permanecen y pueden verse acrecentados por la pandemia y sus efectos.

Bastián Torres Durán, Carlos Muñoz Labraña, Cristian Orellana Fonseca, Rodrigo Salazar Jiménez, C. Ignacio Muñoz Grandon y Héctor Luengo Rodríguez
Grupo de Investigación Escuela y Formación Ciudadana, Universidad de Concepción.

Este 26 de agosto se cumplen cien años de la entrada en vigencia de la Ley de Educación Primaria Obligatoria, que estableció que el Estado garantizaría a cada niño y niña el acceso gratuito a las escuelas. Se trató de una de las leyes fundamentales del denominado proceso de construcción del Estado Docente (1860-1920), que entre otras importantes cuestiones estableció como principio rector el rol del Estado en materia educacional, como garante de la educación que debían recibir los niños y niñas a lo largo y ancho de nuestro territorio. Lo que se tradujo en la obligación de asegurar tanto la gratuidad de la enseñanza primaria como su calidad y en la creación de organismos para fiscalizar estos procesos.

La Ley es un hito fundamental en el proceso de construcción del Estado Docente porque, al analizar los principios en debate, así como los discursos esgrimidos por quienes la propiciaron y defendieron públicamente desde fines del siglo XIX, destaca con absoluta nitidez la existencia de una política pública que parte de un diagnóstico certero y documentado de la precaria realidad educacional por la que atravesaba nuestro país, así como, del rol que debía cumplir la educación en el desarrollo del pueblo y de la responsabilidad que asistía al Estado en estas materias.

Tareas en las cuales, no solo se comprometieron los parlamentarios e intelectuales de la época, sino que también el propio magisterio, quienes, conocedores de la modesta realidad educacional, hicieron todo lo posible para que el Estado asumiera de una vez por todas la tarea de avanzar hacia una instrucción primaria obligatoria.

La ley fue presentada como proyecto en 1902, un par de años después de la celebración del Centenario de la República. En el año 1900, en su balance de la realidad chilena, Enrique Mac-Iver señalaba que “a medida que las escuelas aumentan, la población escolar disminuye” (Sobre la crisis moral de la República, 1900). Esta era una visión contradictoria con la de buena parte de la elite gobernante de finales del siglo XIX que pensaba que el aumento sistemático del presupuesto en educación (más escuelas, más profesores y mayor cobertura) repercutía en la alfabetización del país y en su avance cultural. En los hechos, Mac-Iver tenía razón: el Censo de 1907 mostró que cerca del 50% de la población permanecía analfabeta y solo el 17% de los niños y niñas, de entre 5 y 15 años, asistía a clases. Hacia 1920 la situación no era muy distinta y, en una población mayoritariamente rural, cerca de la mitad no sabía leer y los niños eran considerados mano de obra para sus familias.

Un siglo después, los desafíos en educación aún permanecen y pueden verse acrecentados por la pandemia y sus efectos. En pleno siglo XXI, en Chile, hay más de 180 mil niños, niñas y jóvenes de 5 a 21 años que se encuentran excluidos del sistema. Pese al aumento del gasto social en educación del último tiempo, los avances en materias de cobertura escolar y el establecimiento constitucional de los 12 años de escolaridad obligatoria y gratuita (Ley N°19.876 de 2003), aún nos parece importante no olvidar las palabras de Mac-Iver y seguir insistiendo, tal como lo han hecho insignes maestros y maestras en estos primeros 100 años de promulgada la Ley, esto es, que la riqueza de los pueblos depende en gran medida de sistemas educativos que logren captar las necesidades de la sociedad y de Estados que piensen la educación como un deber connatural y un derecho humano que debe ser garantizado.