Tecnología y prevención de violencia de pareja

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género lanzó un plan piloto para entregar a 500 mujeres víctimas de violencia doméstica una pulsera de emergencia.

Héctor Abarca Díaz
Académico Trabajo Social Ucsc

Hace poco, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género lanzó un plan piloto para entregar a 500 mujeres víctimas de violencia doméstica de la Región Metropolitana una pulsera de emergencia, que se puede activar en situaciones de agresión para generar un aviso remoto de ayuda. Se utiliza junto a una aplicación en el teléfono celular, que al activarla emite una señal que alerta a redes de apoyo y profesionales de los centros donde reciben atención las afectadas. También, permite precisar la ubicación de la víctima y realizar grabaciones, que pueden ser medio de prueba en un juicio.

Este tipo de dispositivos se usa desde 2014 en Chile, principalmente, para monitorear a condenados por delitos que requieren supervisión del cumplimiento de penas alternativas. En estos casos, la señal es monitoreada por un centro especial y supervisada también por Gendarmería.
Y si bien cualquier medida que apunte al bienestar de las mujeres que enfrentan situaciones de violencia doméstica son positivas y valorables, es interesante reflexionar sobre dos aspectos –uno de forma y otro de fondo– asociados a la entrega de este tipo de tecnología. Un aspecto de forma que se puede analizar es la posibilidad de manipulación eficaz que una persona puede realizar en medio de un episodio de violencia. En este sentido, cabe preguntarse ¿Se podría activar de manera efectiva o iniciar una grabación en un ataque? ¿Cuándo alguien enfrenta una agresión, experimentando miedo y ansiedad, podrá manipular de manera efectiva esta pulsera?

También, hay un aspecto de fondo, relativo al rol de la persona a quien se entrega el dispositivo, ya que si lo porta la víctima se asigna la responsabilidad de protección a las propias mujeres afectadas. En cambio, si el portador es el agresor, este hecho no sólo le atribuye un significado de sanción social, sino que, a su vez, contribuye a la autorregulación de su conducta.

Países que han instaurado esta medida para agresores, y que no han entregado la responsabilidad del uso a las víctimas, han evaluado su implementación confirmando el efecto disuasivo en el comportamiento delictivo. Por ejemplo, el estudio “La eficacia de la vigilancia electrónica en la violencia de género: análisis criminológico” examinó el uso de pulseras, desde 2009 a 2014 en España, y todos los funcionarios policiales afirman que esta tecnología disuade e intimida al agresor y que también contribuye al desistimiento, en el caso de sujetos que con anterioridad a la orden de protección habían desarrollado una carrera delictiva.

Se podría inferir, entonces, que asignar el porte de esta tecnología a los agresores no sólo transformaría el hecho en un símbolo de condena social, sino que también se constituiría en una herramienta eficaz para prevenir ataques. Así, se le otorga un sentimiento de protección a las víctimas y no la responsabilidad de velar por su propia seguridad, trasladando el peso de la medida a quien debe ser vigilado.