¿Bien común o el negocio de unos pocos? Una decisión tomada

Los exiguos ingresos de la mayoría de la población de Chile, durante un periodo de normalidad, provoca una predilección por el endeudamiento como forma de abordar las necesidades más inmediatas, incluso la comida se puede comprar en “cómodas” cuotas.

Pablo Alex Torres Placencia
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica

Suficientes indicios de la mala administración de la pandemia aportan el hecho que Chile encabece las listas de contagio por millón de habitantes. Sin embargo, no es solamente en el campo sanitario donde la administración demuestra sus falencias. En efecto, la llamada pandemia social, nombre que el Presidente de la República ha utilizado para referirse a los impactos económicos que ha tenido la pandemia de Covid-19, se ha abordado de forma desastrosa.

Por un lado, tenemos un sistema económico que ha permitido la informalidad laboral, por una parte, y por otra la precariedad de los puestos de trabajo. Esto ha provocado un desempleo que sólo va en aumento. Elementos que han explotado durante la crisis sanitaria provocando una baja significativa, si es que no derechamente desaparecer, los ingresos de las familias de nuestro país.

Además de lo anterior, los exiguos ingresos de la mayoría de la población de Chile, durante un periodo de normalidad, provoca una predilección por el endeudamiento como forma de abordar las necesidades más inmediatas, incluso la comida se puede comprar en “cómodas” cuotas.

En este contexto, diversas iniciativas legislativas han pretendido dar un alivio a la compleja situación económica que viven las personas que habitan en nuestro país. Algunas han empeorado el panorama como la ley de “protección al empleo” que no hace otra cosa que permitir que sea el propio trabajador quien, mediante su seguro de cesantía, vea cómo resuelve esta crisis, sin tocar las jugosas utilidades que su empleador se reparte. Pero, otras parecen ir por buen camino a la hora de dar un respiro al ya desmejorado bolsillo de los y las conciudadanas. En este grupo incluimos la ley que prohíbe el corte de los servicios básicos y el proyecto que pretende habilitar a las chilenas y chilenos para retirar el 10% de sus fondos previsionales. El primer proyecto fue objeto de veto presidencial, el segundo está siendo objeto de una dura campaña en contra. Cabe preguntarse, ¿cuál es la razón que lleva al ejecutivo a cuestionar estos proyectos? La respuesta es triste, pero simple, hay intereses económicos que son más importantes que el pan de cada día de los y las chilenas. En efecto, ningún pudor hubo con que se usará el seguro de cesantía que a fin de cuentas afecta solo a su titular. En cambio, ahora que se ven afectados los fondos que permiten generar utilidades a las Administradoras de Fondos de Pensiones o a las ganancias de las empresas que prestan servicios esenciales, hay inconvenientes, es terrible para la económica, señalan. Incluso, hay quienes rodearon de divinidad a los fondos de las cuentas de capitalización individual “son bienes sagrados”. Sin embargo, el problema no tiene nada de religioso. Es el hecho de que resulta terrible para el negocio de hacer dinero con los fondos del prójimo.

Cuando esos mismos fondos se ven amenazados teniendo que soportar las pérdidas de una mala gestión o cuando inescrupulosamente se aplican alzas a los costos de servicios tan básicos como la luz nadie sale en defensa del ciudadano. El real interés parece ser cuidar el negocio de unos pocos.