Bárbara Haas
Licenciada en Comunicación Social
Fundación para el Progreso
En el marco de la discusión sobre una posible reactivación de la cuarentena en el Gran Concepción, vale la pena recordar lo que dicha medida significa para quienes actualmente sufren violencia intrafamiliar (VIF) dentro de su hogar. En primera instancia, tal vez lo más sensato sería considerar lo señalado por el presidente del Colegio Médico de la región, Germán Acuña, quien sugirió que lo prudente sería decretar cordón sanitario. Sin embargo, independiente de si se decide o no implementar nuevamente la cuarentena obligatoria, es fundamental que nos ocupemos de aquellos “efectos secundarios” que, en muchos casos, tienen desenlaces más trágicos que el mismo virus.
Según estadísticas del Ministerio de la Mujer, una víctima de VIF puede tardar incluso hasta siete años en denunciar a su agresor. Sin duda un período de tiempo excesivamente largo, del cual muchas ni siquiera alcancen a disponer en su totalidad. En ese sentido, existen muchos factores que pueden incidir en la decisión de una mujer para denunciar. La desconfianza en el sistema, los niveles de escolaridad, falta de autoestima, o el grado de independencia económica son factores que inciden en la perpetuación del fenómeno. Por lo tanto, urge considerarlos todos.
En primer lugar, es impresentable que en la mayoría de los casos de femicidios hayan existido denuncias previas por parte de la víctima, más aún cuando está demostrado que existe una importante correlación entre estos y episodios de VIF. Por ello, debe existir un replanteamiento de la efectividad de los canales de denuncia. El año pasado, el Ministerio Público reconoció que, más del 53% de las causas por violencia intrafamiliar son archivadas. Lo que, si bien es atribuido principalmente a la falta de antecedentes, no deja de ser un hecho desalentador para muchas víctimas, especialmente aquellas que sufren de violencia psicológica.
Sin embargo, pecaríamos de ingenuos si creyéramos que la crisis de VIF se reduce simplemente a la efectividad del sistema legal. Si lo que buscamos es generar cambios profundos, no podemos seguir quedándonos en el eslogan o los programas cortoplacistas. Problemas multidimensionales requieren soluciones multidimensionales.
Veamos por ejemplo el caso de la educación. Según un análisis realizado por Hugo Contreras, Investigador del Centro de Investigación en Complejidad Social, a medida que aumentan los años de escolaridad de hombres y mujeres, las tasas de VIF disminuyen. En esa misma línea, la educación también juega un rol fundamental en incentivar la emancipación económica, factor que es en muchos casos determinante para que la mujer pueda romper su vínculo con el agresor.
Hoy más que nunca debemos empezar a reconocer la importancia de la educación como herramienta para combatir la VIF en el largo plazo. Convengamos que este problema no inició con la pandemia ni terminará con el fin de esta, por ello los esfuerzos deben ser constantes y permanentes en el tiempo.
La violencia es una de las máximas expresiones de comportamiento antisocial y primitivo, y sus secuelas puede marcar a una persona por el resto de su vida. En esta línea, la realidad de la cuarentena en los hogares donde preexiste un foco de violencia sistemática es verdaderamente desalentadora y, por ende, urge atribuirle la importancia que merece. Ya no podemos seguir permitiendo que sea en el propio hogar, zona de confort por excelencia, donde tantas mujeres y niñas se sientan más desprotegidas y amenazadas.