La pandemia, así como los derechos humanos, afectan y emanan del “Demos” en su totalidad; aquello exige la participación activa de ese todo.
Nicolás Díaz Carrillo
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA adoptó la Resolución n°1/2020 sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. Aquel documento, insta a los Estados miembros a que las medidas adoptadas para contener a la Covid-19, tengan “como centro el pleno respeto de los derechos humanos”. Las consideraciones y recomendaciones del organismo internacional hacen un marcado énfasis en tres aspectos: los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), protección especial de grupos vulnerables y la aplicación de criterios de interseccionalidad.
La CIDH precisa que “interseccionalidad” refiere a que las políticas y medidas estatales han de ser aplicadas integrando las características transversales de vulnerabilidad que definen a estos grupos, en especial en su acceso y protección de los DESC en cuanto derechos humanos, indivisibles e interdependientes de los demás derechos y libertades individuales. Asimismo, ha de observarse siempre un principio “pro-persona” y los propios de legalidad, temporalidad, proporcionalidad y necesidad (Sección C, párrafos 2 y 3).
Pero, ¿se oyen las recomendaciones? Como ha sido la tónica desde octubre pasado, el Ejecutivo ha tenido una particular dificultad de apertura en la toma de decisiones y qué decir de la consideración y respeto por los DDHH. En efecto, en el marco de la necesidad urgente de confinamiento y aislamiento social, no han sido pocos los episodios en que la estrategia va más por el lado del “recuperar el cetro perdido”: decretar toque de queda nocturno, impronta punitiva, reactivar agenda legislativa propia, reticencia inicial a las orientaciones de la comunidad médica y científica, de alcaldes y la participación de la sociedad civil en general.
Se supone que cuando pase la pandemia se acabará el aislamiento y la distancia social. Es más, tendremos ad portas la reactivación de un proceso constituyente. Ese escenario es insostenible sin oír a la sociedad civil y la deliberación de la ciudadanía. Tampoco bastará la costumbre de interactuar vía plataformas digitales. Como recomienda desde ya la CIDH, lo aconsejable es “Instrumentar espacios oportunos de participación social para la evaluación de los impactos y resultados de las medidas adoptadas, que permitan gestionar los ajustes necesarios desde un enfoque de derechos humanos.” No hay dejación ni renuncia por el hecho de oír recomendaciones. La pandemia, así como los derechos humanos, afectan y emanan del “Demos” en su totalidad; aquello exige la participación activa de ese todo.