Covid-19 y la otra pandemia
03 de Abril 2020 | Publicado por: Diario Concepción
Natalia Bórquez V.
Abogada, máster en Derechos Humanos
Colectiva-Justicia en Derechos Humanos
La violencia contra las mujeres, además de ser una pandemia mundial, es considerada una violación a los derechos humanos y como tal requiere medidas estatales eficaces para su prevención y erradicación.
El contexto actual de crisis sanitaria, bajo el Covid-19, ha puesto aún más de manifiesto los diversos factores que generan desigualdad entre hombres y mujeres, y que pueden ser considerados tanto causa como falta de respuesta de la violencia de género. La falta de acceso efectivo a derechos sociales como la salud, trabajo, vivienda adecuada se ve intensificada en tiempos de crisis.
La cuarentena, la incertidumbre laboral y económica, y la sobrecarga en labores de cuidado y crianza generan un ambiente que puede propiciar el riesgo de violencia de género o potenciar la ya existente en algunos hogares.
En respuesta, el gobierno a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, impulsó la campaña “Que la violencia no se haga viral”, fuertemente criticada por organizaciones de la sociedad civil por no ser una respuesta de carácter estructural a la violencia, y que además no se condice con las recomendaciones que han dado algunos organismos internacionales en la materia.
Tanto la ONU como el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer han instado a los Estados a tomar en consideración la perspectiva de género en las medidas que puedan adoptarse para mitigar el impacto del Covid-19. Por ejemplo, el Comité de Expertas solicita que las instituciones, organizaciones y empresas adopten medidas que permitan enfrentar el aislamiento “sin que se vean afectados sus derechos mínimos a la alimentación, a la salud y a la vida digna, entre otros”.
La consideración de una perspectiva de género también debiese reconocer la mayor vulnerabilidad a la que se ven expuestas algunas mujeres pertenecientes a grupos históricamente discriminados. Por ejemplo, la precarización laboral aumenta en mujeres de escasos recursos quienes son mayoría en los mercados laborales informales, y que a su vez genera una mayor dependencia económica respecto a su agresor.
Las políticas públicas que se implementen en materia de violencia de género, y en el contexto actual, deben por un lado mirar a la efectiva protección de las mujeres, generando una mayor sensibilización y acción inmediata y efectiva de mujeres que estén siendo violentadas en sus hogares. Por otro lado, deben abordar necesariamente las causas estructurales de la violencia tomando en consideración el impacto diferenciado que la pandemia tiene no solo en esta materia, sino además en materia de salud, vivienda, tareas de cuidado y trabajo, y como todas estas desigualdades se interrelacionan.
Por último, momentos de crisis como el que estamos vivenciando, unido a la precaria respuesta estatal ante la violencia de género dan cuenta de la importancia y necesidad de crear redes comunitarias que permitan mejorar la identificación y apoyo en casos de violencia contra las mujeres.