No podemos darnos el lujo de cuestionar o, peor aún, obviar, si la población tiene para costear lo básico para su supervivencia.
Felipe Vergara
Académico UNAB
@felipevergaram
Recientemente, observamos un par de noticias relacionadas con salud que muestran las dos caras de una misma moneda. Mientras el Presidente anunciaba con toda una parafernalia la creación del hospital de la zona norte de Santiago -olvidando por momentos que Santiago no es Chile-, mientras los alcaldes se disputaban cual era el mejor lugar para construirlo bajo un sinfín de argumentos, nos informábamos, por otro lado, de una realidad que cala profundo en el bolsillo de los chilenos.
Evidentemente, cada hospital que se construya será una oportunidad de acercar la salud a los ciudadanos y, por ese lado, bienvenidos sean, ya habrá tiempo para analizar cómo podremos contar con especialistas para el sinfín de requerimientos de nuestra población.
Sin embargo, podemos contar con los profesionales que nos diagnostiquen lo que padecemos y con ello el tratamiento a seguir, pero es ahí donde surge una derivada no considerada económicamente en todo el tratamiento: los remedios.
El Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello realizó un estudio sobre el costo y desembolso económico que significan los medicamentos en nuestra realidad financiera, en él se demuestra que en nuestro país se gastan en promedio 60 mil pesos al mes en remedios, con un ingreso medio que bordea los 470 mil pesos, significa que cerca de un 13% de nuestros ingresos se destinan a adquirir algún tipo de medicamento para nuestras enfermedades, sean crónicas o puntuales.
Siendo así y sin el afán de menospreciar el incremento hospitalario, el fondo acá es que si no se trabaja en serio en un plan que dé acceso a los fármacos necesarios para sanar o controlar una dolencia, difícilmente ésta va a lograr resultados. Si no puedo obtener el remedio o accedo de manera parcial a él, lo que sufro no se mejora, obligándome a recurrir nuevamente al médico en busca de una solución, transformando todo esto en un círculo vicioso de desembolso de dinero y tiempo.
No corresponde que el acceso a una salud integral requiera de un gasto superior a nuestra realidad país, recordemos que ni Fonasa e Isapres reembolsan los medicamentos de uso diario. Caemos ahí entonces en la imperiosa necesidad familiar de priorizar a qué o a quién le destinamos recursos en un mes y eso evidentemente se transforma en una sensación de injusticia social que daña nuestra propia convivencia.
No estamos hablando de un bien suntuario, sino de uno de primera necesidad; es enfrentarse cada mes a la disyuntiva de si tendrá para comprarle salbutamol a su hijo o zoclipona a su madre.
Podemos discutir sobre cuántas son las horas justas que trabajemos, de si los resultados económicos calzan con lo que el gobierno prometió; pero no podemos darnos el lujo de cuestionar o peor aún, obviar, si la población tiene para costear lo básico para su supervivencia.
La mirada al desarrollo que pregonamos está en entredicho cuando olvidamos lo que para nuestra ciudadanía es urgente.