Si bien nuestra libertad está salvaguardada, lo correcto es esperar que se ejerza con prudencia y criterio.
Dr. Fernando Gutiérrez Atala
Académico Depto. Ciencias de la Comunicación
Universidad Católica de la Santísima Concepción
A través de redes sociales y medios de comunicación, hemos sido testigos de varios episodios lamentables pero frecuentes, donde el binomio agresión inicial/perdón posterior configuran un escenario que merece un breve análisis.
Sólo tres ejemplos: una conductora de televisión se enfrente verbal y físicamente a la fuerza policial, para luego ofrecer disculpas porque “nunca fue su intención agredir ni insultar”. Estos descargos no detuvieron la batahola y fue desvinculada de su canal. Luego, una colega televisiva politiza el asunto y califica a la institución policial como “cerdos y ladrones”. Aunque argumentó que fue descontextualizada y pidió disculpas, no pudo evitar una consecuencia similar y fue despedida.
Los ejemplos no sólo son nacionales. El gobernador de Puerto Rico debió renunciar a su cargo después de 12 días de clamor popular. ¿El motivo? La crisis política por la filtración de 900 páginas de un chat con otros operarios de gobierno donde insultaban a políticos, opositores, periodistas y artistas, con epítetos de grueso calibre. Se disculpó, pero la isla le respondió el lunes con una huelga general y una protesta multitudinaria. El 2 de agosto será reemplazado.
Ejemplos como estos deben encaminarnos hacia un plano analítico en torno a nuestra libertad de expresión, sus límites y consecuencias. Y no nos referimos exclusivamente a situaciones como las descritas, que provienen de la esfera pública propia los medios y las redes, sino que son perfectamente aplicables al plano individual, con nuestros comentarios y opiniones, que actúan como proyectiles con la ayuda de un teléfono inteligente y un par de tecleos.
Es cierto que nuestra libertad de expresión se encuentra consagrada en el Artículo 19 de la Dudh de 1948 y en nuestro caso, por el Número 12 del Artículo 19 de la Constitución (que asegura “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”). Pero tampoco podemos olvidar lo que agrega la misma carta magna a continuación: “sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley”).
¿Es éste un asunto de orden legal, exclusivamente? La lógica indica que no. Si bien nuestra libertad de encuentra salvaguardada, lo correcto es esperar que se ejerza acompañada de dos conceptos reconocidos, pero permanentemente ausentes en la vida diaria: prudencia y criterio. Esa prudencia que San Basilio definió como “el conocimiento discreto de lo que se debe obrar o lo que se debe omitir”. ¿Autocensura se pensará? No, prudencia y providencia, la que según Cicerón debe entenderse como previsión: la capacidad previa de ver las consecuencias de lo que se dice o en este caso, se publica.
¿Cuánto importa, cómo se entiende o asume, de qué manera se plasma o cómo se enseñan prudencia y criterio hoy? El desafío formativo allí, en todos los niveles y contextos, es enorme.