Desastre de Rancagua

A ratos agobia la desesperanza, sin embargo, debemos ser optimistas y apostar a la “reserva moral” que aún advertimos en algunos reductos de nuestra sociedad.

Pedro Pablo Arroyo Améstica
Abogado y académico de Derecho
Universidad San Sebastián

Los medios de comunicación han informado sobre el “Desastre en Rancagua”, pero no se trata de una gesta épica, cuya memoria debiera custodiarse para ejemplo y émulo de las generaciones futuras. Por el contrario, dicha expresión ha sido acuñada para referirse a un ingrato episodio cuyo protagonismo, por desgracia, recae en una de las instituciones de mayor raigambre en nuestra joven historia republicana: la judicatura. Su existencia data de la creación, en Concepción, de la Primera Real Audiencia, instalada allá por el año 1567, y trasladada posteriormente a Santiago en el año 1609.

Cualquiera sea la perspectiva desde donde se enfoque el análisis, causa desazón el hecho de que en nuestro país hoy las instituciones del Estado en general se encuentren en entredicho. Ello debido a los numerosos casos de corrupción y malas prácticas comprobadas, que están fuertemente reñidas con una mínima observancia del principio constitucional y legal de la probidad que deben observar todos los funcionarios del Estado, principio que inclusive podría extenderse a aquellas personas naturales y a aquellos que representan a personas jurídicas que se vinculan con el Estado.

A este respecto, podemos señalar, sin temor a equivocarnos, que en los círculos académicos es donde mejor se palpa y manifiesta la situación crítica en que se encuentra la credibilidad de nuestras instituciones republicanas, por cuanto las nuevas generaciones demandan principalmente de nuestros gobernantes, conductas que sean coherentes con los discursos que a menudo escuchamos de quienes legítimamente anhelan “servir desde el Estado”. No obstante, a menudo también nuestros noveles estudiantes descubren que las promesas y “cantos de sirena” no son más que una mascarada, que oculta los verdaderos y mezquinos intereses egotistas de carácter personalista por decirlo de algún modo. El panorama descrito no hace más que recoger y constatar lo que es público y notorio; que por lo demás acarrea un gran desafío al quehacer académico de aquellos que dedicamos gran parte de nuestro desempeño profesional a la formación de personas que en un futuro no muy lejano estarán actuando en los distintos roles que el quehacer profesional y laboral les demande.

Sin embargo, mientras transitan por la importante etapa de formación académica, se torna dificultoso citar ejemplos de instituciones y autoridades que constituyan un referente por cuanto conceptos como transparencia, probidad, respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad vigente, se encuentran muy lejanos.

En tal estado de cosas, a ratos agobia la desesperanza, sin embargo, debemos ser optimistas y apostar a la “reserva moral” que aún advertimos en algunos reductos de nuestra sociedad, de manera tal de que no volvamos a tropezar con la misma piedra.