Rector Christian Schmitz
Rector Ucsc
Tanto en el G9 como en el Cruch tuvimos la oportunidad de escuchar el estudio que evacuó la comisión de expertos del Cruch y, en definitiva, se confirman las aprensiones que hemos tenido como rectores. En este primer año de aplicación masiva de la pérdida del beneficio de gratuidad por avance académico, las Universidades del Consejo de Rectores estamos perdiendo 11 mil estudiantes matriculados hasta el momento.
Como consecuencia, nuestras universidades deberán asumir un riesgo de sustentabilidad, derivado de menores ingresos, en torno a los 24 mil millones de pesos. Además, miles de alumnos que están sin gratuidad, no alcanzaron a llenar el Fuas, lo cual, en definitiva, deja claro que estamos frente a una noticia con un impacto socioeconómico para los estudiantes y miles de familias de la sociedad chilena, impacto que a nivel país aún no se dimensiona.
Está claro que nuestras universidades no tienen las capacidades económicas para sustituir la gratuidad a través de becas y tampoco es función de nuestras casas de estudio. Es responsabilidad del Estado brindar igualdad de oportunidades a todos sus ciudadanos y, por ende, no corresponde que instituciones educacionales tengan que hacerse cargo de un problema que sobrepasa nuestras capacidades y recursos.
Por otro lado, tampoco puede pretenderse que la gran mayoría de los estudiantes finalicen sus estudios durante la duración nominal de las carreras, como lo contempla la mal diseñada ley de educación superior, y como lo ha estado reafirmando el Ministerio de Educación. Finalizar una carrera dentro de la duración normal es un estándar y, en la práctica, es una excepción, con lo cual aspirar que la gran mayoría alcance esta meta se transforma en una utopía. Ningún país del mundo lo logra.
A lo anterior, hay que agregar un fenómeno que se da particularmente en las universidades de regiones: recibimos a alumnos con graves problemas socioeconómicos, mala preparación intelectual, que sufren carencias y precariedades sicológicas y psicosociales. Y son precisamente nuestras universidades las que realizan, durante los primeros años de estudio de estos alumnos, un enorme esfuerzo para nivelarlos con los estudiantes que tienen una preparación adecuada.
Así se generan costos que consumen valiosos recursos y que, con cierta lógica y racionalidad en la distribución de responsabilidades públicas, tampoco corresponde asumir a las universidades. Sin perjuicio de lo anterior, en los últimos años, nuestras universidades han brindado en forma masiva planes de nivelación y apoyos académicos, talleres y consultas sicológicas, atenciones médicas que deberían valorarse y retribuirse en forma más significativa por parte del Estado.
Lamentablemente, el gobierno ha insistido una actitud bastante intransigente, en el sentido de no reconocer un problema social de su población, que va a aspirando al legítimo derecho de educación y hacer realidad el sueño de una mejor formación y preparación para la vida. Es cierto que la ley de educación superior emana del gobierno anterior, se reconoce ampliamente que se trata de una norma legal realmente imperfecta. Sin embargo, es responsabilidad del actual Gobierno administrar e implementarla adecuadamente y, sobre todo, a asumir el costo político de tramitar y debatir modificaciones legales que son absolutamente necesarias.
Nosotros rectores y, así también, lo ha propuesto la propia comisión de expertos, estamos dispuestos colaborar con el gobierno, a fin de buscar en conjunto una solución que favorece a miles de familias chilenas y al bien común de nuestro país.