Sebastián Jans Pérez
Gran Maestro de la Gran Logia de Chile
El 24 de enero, de visita en la Araucanía, en cumplimiento a lo determinado por el Consejo de la Gran Logia, órgano rector de la Masonería chilena, hemos dado a conocer una declaración pública en que manifestamos nuestro apoyo a los esfuerzos y consensos para reconocer constitucionalmente al Pueblo Mapuche, en virtud de la dignidad que merece por su historia y su cultura, profundamente enraizada en nuestra sociedad.
Valorando los esfuerzos sociales y políticos de todos quienes impulsan el necesario reconocimiento constitucional de los Pueblos Originarios, la masonería suma su voluntad y apoyo, sobre la base de nuestros principios universales y en nuestra comprensión dela República como el espacio de todos.
Aspiramos a que esos esfuerzos se plasmen en reconocimientos efectivos, empezando por las modificaciones necesarias a nivel constitucional, legal y administrativo, que establezcan una relación del Estado de Chile con los Pueblos Originarios, en particular con el Pueblo Mapuche, congruente con un necesario proceso de integración, imperativo para el logro de la armonía social y coherente con los distintos principios y valores recogidos en instrumentos y acuerdos internacionales, como los consagrados en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, entre otras convenciones complementarias.
Ese reconocimiento debe considerar, sin duda, la preexistencia de los Pueblos indígenas que han habitado los territorios actuales de la República y, por tanto, su derecho a fortalecer y desarrollar sus legítimas historias, sus identidades, sus culturas y su institucionalidad tradicional, donde debe establecerse la protección del Estado de todos esos elementos, para asegurar la preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial, la herencia lingüística, y todo aquello que garantice la igualdad y la no discriminación.
Nos parece fundamental, en esa perspectiva, dado la fortaleza de los consensos, que haya una agilización en los proyectos de ley, en análisis en las instancias gubernamentales y legislativas, y que las indicaciones sean acotadas, a fin de no dilatar excesivamente los procesos que permitan generar un avance político decisivo para establecer la igualdad y la justicia, y asegurar la convivencia pacífica y el diálogo fructífero en la diversidad, que debe expresar nuestra República de un modo enriquecedor.