Durante décadas todos los gobiernos han realizado alguna modificación al sistema educacional chileno. Ya sea con la Jornada Escolar Completa o con la introducción de los Liceos Bicentenario, cada uno ha aportado de manera activa al sistema que actualmente tenemos en Chile.
El gobierno anterior no fue la excepción y, como sabemos, introdujo cambios sustantivos que aún no se terminan de implementar en la actualidad. Lamentablemente, ninguno de los lineamientos de esa reforma hacía alusión directa a la calidad de la educación, esa que se debe implementar al interior de las salas de clase y que realmente puede tener un impacto en la calidad de vida y las oportunidades de los estudiantes.
Por el contrario, el énfasis se puso en los sostenedores y el método de acceso escolar, temas relevantes, pero que postergaron la discusión más importante: cómo mejorar las herramientas que se da a los estudiantes. La implementación de esta reforma es la que tiene, sólo en la Región del Bío Bío, a más de 1.500 alumnos todavía sin matrícula.
De esta forma, bajo el pretexto de un acceso sin discriminación, se suprimió la capacidad de seleccionar en los colegios y liceos con buen desempeño, quitando todo peso al mérito y el esfuerzo de los estudiantes y, por cierto, de las familias que están detrás y que constantemente apoyan este esfuerzo.
Es por esto que el Presidente Piñera busca asegurar una admisión justa, donde se asegure el acceso de sectores vulnerables (o prioritarios) a educación de calidad y, a la vez, el mérito y el esfuerzo sean considerados e incentivados.
Es claro que no deben existir atisbos de discriminación en los procesos de admisión. Ese es un axioma que incluso debe ir más allá de lo meramente educacional. Pero en la medida que la educación es un camino de constante aprendizaje y perfeccionamiento medible, el mérito es una variable central si es que realmente se busca la movilidad social.
Quienes están en contra de este argumento señalan que los estudiantes de sectores acomodados siempre se van a imponer, por el contexto en el que nacieron (ingresos y capital cultural), a los de sectores más bajos y que, por ende, coparían los establecimientos de excelencia, relegando a los niños y jóvenes de sectores menos acomodados a una educación de menor calidad.
Tal hipótesis sería correcta si tanto estudiantes de estratos socioeconómicos altos y bajos tuvieran por preferencia el mismo tipo de colegios, lo que evidentemente no se da en la realidad, ya que los sectores acomodados eligen por amplia mayoría la educación privada. De esta forma, tienen más posibilidades de acceder a una educación de calidad independiente de lo que suceda en el sector público o particular subvencionado.
Lo que el proyecto de Admisión Justa presentado por el Gobierno pretende es asegurar que todos –y en especial la clase media– tengan acceso a establecimientos de calidad, donde la movilidad social sea una realidad para esos miles de estudiantes que con dedicación buscan un mejor futuro. Esperamos que ningún sector político se cierre a debatir democráticamente este proyecto, más aún cuando las familias en su mayoría valoran el esfuerzo que ellas mismas hacen por una mejor calidad de vida para sus hijos.
Francesca Parodi
Seremi de Gobierno Bío Bío