Solemos horrorizarnos con las históricas cazas de brujas, en que tribunales de la iglesia, o la misma chusma fanática, perseguía, torturaba y condenaba a aquellos sobre los que pesaba la sospecha de ejercer la brujería. Uno de los casos más conocidos, llevado varias veces al cine, es el de Salem, que en realidad se extendió por los condados de Massachusetts, EE.UU., entre 1692 y 1693.
Y es que, en la práctica, lo que sucedió fue que el tribunal, arrastrado por la histeria colectiva, pasó por encima de las mínimas normas del debido proceso, forzando confesiones bajo tortura. Y si podía ser misericordioso con aquellos que confesaban (falsamente) supuestos tratos con el demonio, en contraste, no tenía ninguna piedad con hombres y mujeres que tenían la pésima ocurrencia de defender su inocencia. Ellos sí terminaban inexorablemente en una condena a muerte, en la hoguera o a través de una brutal y lenta ejecución.
La era de las redes sociales ha convertido en Salem a una sociedad que, a fuerza de perder la confianza en las instituciones, empujada por quienes han aprendido convenientemente a manipular la verdad y las emociones, está más que ávida de tomar “la justicia por sus manos” y desconocer el Estado de Derecho.
Para qué seguir procesos, para qué investigar, para qué asumir presunciones de inocencia si el estómago y la histeria colectiva nos empujan a creer que el acusado tiene que pagar. No vaya a ser que la verdad se interponga en la sed de justicia, que debe ser saciada antes que aparezca la razón. Qué importa que el inocente termine con su vida arruinada, con su reputación destrozada, con su recuerdo ensombrecido por la duda. Qué importa si por decisión propia, a manos de una turba iracunda, o por problemas de salud, termina muerto. ¿Quién se hace responsable de la injusticia?
Nos horrorizamos con la caza de brujas, pero hace rato que nos convertimos en Salem.
PIGMALIÓN