Ricardo Gouët Bañares
Presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción

Hace unos días el Presidente Piñera presentó la llamada Agenda Proinversión, una iniciativa que, como su nombre lo indica, busca promover las inversiones en nuestro país y reducir la burocracia excesiva a la que se enfrentan cientos de proyectos que buscan instalarse en Chile.

La propuesta del Gobierno sin duda nos permitirá retomar la senda del dinamismo económico que quedó atrás, pues según las cifras al cuarto trimestre de 2017 entregadas por la Corporación de Bienes de Capital, CBC, la Región del Bío Bío experimentó una nueva caída en la inversión proyectada a cinco años, ubicándola dentro de las tres más bajas en esta materia a nivel nacional. ¿La explicación? Reformas que han producido inquietud e incertezas, proyectos de inversión que se han visto retrasados por extensos procesos de aprobación e incluso judicialización.

En ese escenario entonces, la propuesta del Gobierno es el puntapié inicial para este proceso porque recoge en sus dieciocho medidas, temas relevantes que se han discutido largamente; por ejemplo, la creación de una ventanilla única, la puesta en marcha de una plataforma digital para la tramitación y aquellos relacionados con disminuir los tiempos de aprobación ambiental de proyectos privados, que hoy pueden demorar incluso 4 ó 5 años en completar el ciclo, y en ocasiones no se concretan, precisamente por ello.

Este último punto, si bien es cierto promete mejorar la gestión de organismos ligados a la aprobación de iniciativas, como el SEA o la DGA; involucra también mayor rigor de parte de los empresarios e inversionistas en la confección, preparación y presentación de los documentos exigidos.

De aprobarse esta Agenda Proinversión, el país pondría en marcha proyectos por 65 mil millones de dólares en los próximos cuatro años y alrededor de 250 mil empleos de manera permanente. Cifras no menores si consideramos que según el catastro del Gobierno en la zona involucra 15 proyectos e inversiones que bordean los 4 mil 200 millones de dólares para los sectores industrial, energía, infraestructura e inmobiliario.

Su desarrollo permitiría un incremento importante en el empleo y también, en el caso de los ligados a infraestructura, un mejoramiento de la competitividad de la zona.