Martín Verluys
Analista Fundación para El Progreso, Concepción
Que “la mayoría de los jueces en nuestro país son de izquierda”, tal como dijo el ministro de Justicia Hernán Larraín, puede resultar una frase apresurada, pero no necesariamente falsa en tanto es natural que los jueces tengan algún tipo de opinión política, pues son igualmente miembros de nuestra sociedad. Lo realmente importante es preguntarse ¿cuán independientes del poder ejecutivo son nuestros jueces a la hora de ejercer su función? ¿Cuánta injerencia tienen los presidentes en el nombramiento de los jueces?
Actualmente, en virtud de nuestra legislación y en especial del Art. 78 del Código Orgánico de Tribunales, es el Presidente quien designa a los magistrados, pero con participación de otros poderes del Estado, así por ejemplo, para el caso de la designación de los ministros de la Corte Suprema, se hace con participación del Poder Judicial, ya que la propia Corte Suprema forma una quina (5 candidatos) para que uno de ellos sea elegido por el ejecutivo, pero esta designación además debe ser aprobada por el poder legislativo, específicamente por 2/3 de los senadores en ejercicio. En cuanto a los ministros de las Cortes de Apelaciones y los Jueces de Letras, en la designación participa solo el poder judicial, presentando una terna (3 candidatos), ya que el Presidente de la República es quien designa entre esos candidatos a quién él considera más idóneo sin necesidad de aprobación del Senado.
Es importante resaltar que los jueces letrados en nuestro país están sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, por lo tanto siendo criteriosos, parece ser improbable que en la actualidad se puedan cometer faltas groseras, atendiendo órdenes partidistas, por parte de los miembros del poder judicial. Sin embargo, teniendo en consideración que en los últimos 28 años los presidentes han sido en su mayoría de tendencia de centro-izquierda, no podemos esperar que en sus designaciones no se vean influenciados por sus colores políticos. El problema es si aquella injerencia presidencial puede generar cierta intromisión en un poder independiente como deben serlo los Tribunales de Justicia. Este problema lo podemos ver no solo en la designación de jueces, sino que también la podemos encontrar en la designación de otras autoridades de nuestro país, como ocurre con el caso de la designación del Fiscal Nacional, el Contralor General de la República, los Comandantes en Jefe de las FF. AA y el General Director de Carabineros, entre otros.
En ese sentido, si bien los dichos del ministro Larraín sin duda parecen apresurados y sacados de contexto, pues hasta el momento no ha habido cuestionamientos serios a la separación de poderes en nuestro país, perfectamente podría ocurrir que un presidente ponga por delante sus afanes políticos en desmedro de la independencia del poder judicial.
Por tanto, queda de manifiesto que se deben revisar estas formas de designación de diversos cargos, para que exista una separación de poderes que sea cierta y efectiva, evitando que la política partidista o intereses facciosos penetren en el aparato estatal en claro desmedro de la sana independencia de las autoridades. No hay que olvidar que la subordinación de un poder con respecto a otro podría ser algo nefasto para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y para un Estado de Derecho.