Por: Jorge Condeza Neuber
@jorgecondezan
La corrupción es abuso de poder en beneficio propio, y se aplica plenamente al caso Fujimori-PPK, uno salvado de la cárcel por tener los votos para salvar de la destitución al otro que tenía el poder de indultarlo. Un acuerdo win-win.
¿Era inocente PPK de las acusaciones de corrupción por el caso Odebretch? Queda la duda, pero la verdad ya poco importa, porque los peruanos ahora perciben que el discurso anticorrupción con el cual Kuczynski llegó al poder era falso y el indulto a un violador de DD.HH fue solo una transacción para comprar protección y evitar se conozca su real participación en el mayor caso de corrupción de los últimos años en LA.
Lo de PPK se suma a las decenas de casos conocidos en muchos países y que dan una especie de “sello” a nuestro continente. Brasil destituyó a Dilma, tiene en juicio al expresidente Lula y Temer se propone indultar a condenados por corrupción. En Argentina de los bolsos de dinero encargados a un convento, pasaron a la muerte de un fiscal, y terminarán en un posible juicio a la ex presidenta Fernandez. En Perú Fujimori cumplía sentencia por corrupción y graves violaciones a los DD.HH, y están a la espera de juicio Ollanta Humala, su esposa y el prófugo Toledo, todos salpicados por Odebretch y un supuesto financiamiento irregular de campañas políticas.
Son muchos los delitos e irregularidades que se pueden asociar a la corrupción. Los más visibles son el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, la malversación, el fraude y el cohecho, que algunos definen como un acto de gran corrupción que pervierte el aparato estatal y dilapida una gran cantidad de recursos públicos que podrían tener un mejor uso. Según la convención para combatir el cohecho de la Ocde este es un fenómeno generalizado en las transacciones comerciales que socava el buen gobierno y el desarrollo económico y para combatirlo se requiere su tipificación como delito, penas eficaces, proporcionales y disuasorias, además de una acción concertada entre los estados.
Pero todos los esfuerzos quedan cortos, y la acción entre estados es nula para perseguir a los corruptos, si existen casos como el peruano, donde los responsables finales de contener el avance de la corrupción terminan indultando a violadores de DD.HH. para salvar su propio pellejo.
Hay un costo en imagen de los políticos y habrá por cierto un efecto en las expectativas de consumidores e inversionistas limitando el crecimiento de la pujante economía peruana, pero principalmente esta negociación bajo cuerda los peruanos la sienten como: “un perjuicio al pueblo y a sus derechos” y costará mucho recuperarse y volver a imponer una línea anticorrupción que posiblemente a PPK a la larga le costará el puesto y definitivamente su lapida no dirá lo que él esperaba.