Por: Christian Schmitz Vaccaro
Rector Ucsc
No podía ser menos claro –y crudo-, el último Informe sobre el Financiamiento Fiscal a la Educación Superior 2016 de la Contraloría General de la República. Muchas discusiones que se han extendido por años sobre la excesiva centralización de los recursos en Chile, o las demandas desde las regiones para contar con un trato equitativo, se ven respaldadas con las cifras que vuelven a demostrar las brechas, especialmente las existentes entre las instituciones universitarias, que se arrastran de manera histórica y que se acentúan en cada periodo.
Estas brechas se expresan tanto entre universidades estatales y públicas no estatales, entre universidades de la capital y las universidades regionales, y también afectan al grupo de universidades católicas del sur. De las 27 universidades que forman parte del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, la Universidad de Chile recibe un financiamiento total que se acerca a los 100 mil millones de pesos. Otras 19 instituciones no alcanzan a recibir una quinta parte de ese monto, y solo la Pontificia Universidad Católica de Chile se acerca, con un total de casi 60 mil millones de pesos.
Con preocupación podemos ver reflejada la situación de una institución como la UCSC: a pesar de estar entre las instituciones que con mayor énfasis atiende a estudiantes de los deciles más vulnerables, y que por lo tanto pueden acceder a la gratuidad, ésta y sus pares se encuentran muy desamparadas en materia de recursos y financiamiento.
El informe de la Contraloría General de la República demuestra la dificultad de desarrollar la educación superior lejos del centro donde se toman las decisiones, lo que se acentúa cuando se debe responder a exigencias en desigualdad de condiciones. Y las alertas se alzan más con el contexto actual: una Reforma a la Educación Superior que aún se mantiene en incertidumbre, una discusión del presupuesto nacional que continúa dejando la política de gratuidad bajo la definición incierta de una glosa, y una merma en los fondos destinados a uno de los principales fondos de incentivo de la investigación, materia que no sólo es vital para el desarrollo del país, sino también uno de los ámbitos de acreditación institucional a nivel universitario, y del cual podrían depender futuros aportes del Estado a las instituciones.
Urge con toda razón el desarrollo de estándares de calidad y mecanismos de apoyo coherentes a las instituciones con vocación pública con distintos niveles de desarrollo. Ya lo indicaban los rectores de la Agrupación de Universidades Regionales AUR, cuando se dieron cita con candidatos presidenciales el pasado 12 de octubre: “los aportes de las universidades regionales al desarrollo de sus regiones y al país no es valorado ni visibilizado”. En definitiva, nivelar las disparidades en los estándares de calidad y avances de los servicios educativos, requiere intervenir con una clara voluntad política la actual distribución desigual e injusta del financiamiento fiscal de las universidades.