No hace demasiado, en este mismo medio, se hacía un comentario, un tanto sarcástico, sobre la destacada participación de la muy benemérita Contraloría General de la República que había concluido que la Municipalidad de Concepción se había equivocado al describir a los locales de tragamonedas como una actividad ilegal.

Bochorno aparente para las autoridades edilicias, al declarar aptos para clausura los numerosos y casi omnipresentes tugurios y otros más disfrazados de locales respetables que se dedican a tragar monedas, ya que el organismo, regulador por antonomasia, había dictaminado que las ordenanzas al respecto para regular el funcionamiento de las máquinas tragamonedas de la ciudad de Concepción no se ajustaban a derecho.

Los empresarios del rubro argumentaron sobre los principios democráticos; la igualdad de derechos a perder dinero, hasta su filantrópico papel social al abrir oportunidades laborales, también se agregó comentarios sobre la conveniencia de tener miles de estos juegos repartidos en el territorio, lo cual, de modo inclusivo, permite a todos los chilenos, sin discriminación, gastar hasta la plata que no tienen.

Pasada la pelota a la Superintendencia de Casinos y Juegos, en vista de la situación abusiva en Antofagasta, se acabó el recreo, se declara que no se trata de inocentes juegos de destreza, sino de azar y, por tanto, se les puede dar término, lo cual atiende a otros asuntos preocupantes como delincuencia, riñas, consumo de alcohol y tabaco, entre otros menos decentes aún.

Habrá que darle otra mirada al estado del arte en la capital penquista, recuperada su dignidad al poner sobre la mesa un tema en que otros habían optado por la política correcta, es decir, mirar para otro lado.

PROCOPIO