Por: Renato Segura

En una carrera contra el tiempo, se ha transformado el avance de la agenda de descentralización impulsada por el Gobierno. Con un precedente de promesas electorales marcada por frustraciones regionales, las voces regionalistas han ejercido una fuerte presión sobre la velocidad de avance de las medidas consideradas en la agenda.

La creación de la nueva región de Ñuble y la elección directa de intendentes (gobernadores regionales) han sido los hitos descentralizadores que han acaparado la mayor atención. El primero, responde a una larga aspiración de la ciudadanía de Ñuble; el segundo, a un imperativo de representatividad que han impreso los intelectuales y organismos pro descentralización para el 2017.

En un país donde el 2% del territorio, concentra más del 40% de la población y el 100% de dos de los tres poderes del Estado, las prioridades del esfuerzo público quedan definidas por el campo gravitatorio que genera la alta concentración administrativa del país. La lista de espera, a las soluciones de la comunidad, suele ser inversamente proporcional a la distancia que se encuentra del centro político y administrativo del país o, en el mejor de los casos, de alguna singularidad o evento fortuito que atrae la atención de la autoridad.

En este escenario es natural que, la comunidad y el desarrollo equilibrado del territorio nacional, demanden mayor autonomía y competencias para acometer la labor de atender la diversidad de prioridades que se manifiestan a lo largo y ancho del país. Demanda que, en ausencia de coordinación entre autonomía y traspaso de competencias para ejercerla, se mantiene a la espera de ser satisfecha.

La urgencia impuesta a la elección directa de intendentes para el 2017, ha concentrado la ansiedad de la agenda en descentralización. Para el ex presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, el hito descentralizador que subyace sobre la promulgación de la ley que permite la elección directa de los gobernadores regionales, se eclipsa por la imposibilidad de tener elecciones directas dado los trámites legislativos pendientes (entre los que se encuentra el traspaso de competencias).

Su crítica se ha centrado en aquellos parlamentarios que se han opuesto en hacer vista gorda del deficiente traspaso de competencias que establecen las leyes en trámite. Sin embargo, la Historia de Chile les da la razón.

Las leyes de comuna autónoma de 1891 y de elección directa de consejeros regionales de 2013, son ejemplos concretos que dan cuenta de la frustración ciudadana frente a procesos descentralizadores mal concebidos, donde la autonomía primó sobre el traspaso efectivo de competencias. En este sentido, para lograr una descentralización de verdad, es correcto argumentar que “el orden de los factores es determinante al momento de diseñar buenas políticas públicas