"La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohibe o permite".
Este es el artículo 1 del nuestro código Civil y que seguramente ha tenido grandes análisis por parte de tratadistas y por cierto de alumnos buscando pasar a la historia con una tesis de peso. Es que esto de la ley no es algo menor porque ahí esta una de las fuentes del derecho.
Después de todo lo que hemos sabido, claramente muchas de nuestras leyes no pasan por el filtro básico de ser una expresión mínima de la voluntad soberana. Porque hemos delegado de buena fe, esto de hacer las leyes, a diputados y senadores, para que, a través de la discusión seria, fundada, y sin presiones, logren una expresión fiel de esta voluntad soberana, que Santo Tomas definía como una orden de la razón destinada al bien común, debidamente promulgada por el que cuida la comunidad.
Mientras ustedes ríen, y los abogados me cuelgan, pueden mentalmente hacer una lista de las últimas leyes que ustedes crean que no reflejan la voluntad soberana y persigan el bien común. En primer lugar aparece la de estacionamientos y luego la de antenas. Imagínense todas aquellas que ustedes no conocen o que cubren ámbitos sin relación alguna con su vida cotidiana, pero que nuestros legisladores han cocinado en beneficio de unos pocos.
Hay en Chile una larga lista de leyes mal hechas, que no persiguen absolutamente ningún bien común, pero que son absolutamente obligatorias y sancionadas por la fuerza, como indica Plainol en su más aceptada definición.
Porque además de tener un grupo de legisladores de pobre capacidad intelectual y con amplios intereses económicos, capaces de disculparse diciendo que no leyeron muy bien lo que estaban votando, tenemos otros poderes del Estado que ayudan en esta confabulación perfecta para que se apliquen las leyes solo a algunos, y no con la misma fuerza, agravando esto de la nula voluntad popular y el muy escaso bien común.
Para muestra, botones. Fiscalía declara que los préstamos a los diputados no eran ni delito ni irregularidad a pesar que uno le anticiparon 24 millones en cómodas cuotas, sin interés ni reajuste. El Servel permite que para el refichaje establecido en la ley 20.900, se envíen los formularios y rut por mail sin cumplir la exigencia de que tramite deba ser personal e indelegable ante un ministro de fe.
¿Será necesario seguir? Creo que sí, porque mientras existan frescos que compran asesorías truchas a amigos diciendo que son útiles para legislar, o meten facturas ideológicamente falsas para rendir sus gastos electorales y quitarle plata al fisco, o cobren por las leyes, no habrá realmente otra fuente valida del derecho, que la costumbre, pero las malas costumbres.