Recuerdan ustedes lo chocante que nos parecía cuando en Argentina, hace 20 años, trataban a sus presidentes a punta de insultos. Que cualquiera tapizara de garabatos al presidente era algo incomprensible dado el valor que nosotros le dábamos a la figura presidencial.
Y bueno, como dirían por allá, ya llegamos a eso. Y aunque el camino que recorrimos fue más "cortito", ambos fueron pavimentados por los últimos dos gobiernos con lo mismo: corrupción.
Llegamos a un punto en que la confianza en la clase política es casi nula y la confianza en LA política y en LA democracia es sólo un poquito mejor. En que ya justificamos a esos barra brava que, 15 años atrás, acuñaron el famoso clamor: ¡Que se vayan todos!
Llegamos a un punto en que cualquier asunto es visto como acto de corrupción. Cualquier comentario un acto de sedición, y cualquier mensaje en redes sociales un ataque personal.
Y en ese punto, en ese estado de cosas, Bachelet se despacha el caso Blanco. Como no midiendo nada, no evaluando las consecuencias, casi como un acto de desprecio a la opinión pública y al estado en que la sociedad, cansada de tantos abusos de políticos y de empresarios, se haya.
A pesar que no voté por Bachelet, le tenía simpatía. Era como se dice, de buenas intenciones, confiable y seria. Esta percepción era mayoritaria y lo demostró el 80% de popularidad al terminar su primer mandato y la alta votación lograda el 2013.
Pero algo cambió, no solo porque el Transantiago no funcionó, o porque ejecutó otras reformas de pésima manera, sino porque se conocieron actos de corrupción que cada día se relacionan más con su figura, como lo de Martelli y SQM o lo de Caval y sus ramificaciones.
Este conjunto de cosas, hacen que el caso Blanco no se perciba sólo como abuso de poder, o un acto de simple y liviana corrupción (el poner a su amiga ahí), o de negligencia como dicen algunos analistas. Lo de Blanco se percibe, además, como un claro interés de afectar la persecución que haga el CDE en casos de platas políticas, fraude al fisco u otros delitos. No olvidar que los procuradores regionales no se mandan solos, y la decisión de qué casos defender y cuáles no, pasan por un comité que vota y aprueba, y en muchos casos podría primar el interés particular de un grupo político versus los intereses del Estado.
Una lástima. Posiblemente este sea un gobierno recordado por buenas intenciones en algunas de sus reformas, pero también lo será como un pésimo gestor y peor aún por los casos Caval descubiertos y los enterrados, que han ayudado a cambiar esa percepción de que Chile no es ni era lo que todos creían en materias de corrupción.
Ojalá que Odebrecht, OAS, Camargo Correa, SQM y tantos otros ya investigados no sean la lápida. Ojalá.