Es impresentable la colusión entre grandes empresas nacionales e internacionales para controlar el mercado en que participan. Atentan contra uno de los principios fundamentales del sistema de mercado imperante en el mundo, la competencia. Entendida ésta como el esfuerzo en el uso eficiente y eficaz de los recursos para entregar oportunamente los mejores productos y servicios de calidad a los clientes. Una competencia sana, abierta y transparente produce una mejora permanente de precios y de calidad. Además, incentiva la innovación y el emprendimiento junto a una justa compensación.
Del mismo modo que se exige a empresas e instituciones actuar con calidad y a trabajar con procedimientos, sistemas de gestión e indicadores, debiera exigirse a los partidos políticos, cuya importancia en la vida nacional nadie discute y que debe ser más regulada de lo que está.
Para que los chilenos volvamos a tener confianza en los partidos políticos se debe modernizar radicalmente este sector, el cual es usado por unos pocos chilenos que dicen tener vocación de servicio público. Vocación que usa el poder, legisla, prioriza, distribuye y se financia con enormes recursos de todos nosotros.
Para mejorar, todo servidor público debe someterse a un estricto sistema de gestión de calidad de la política, tal como el Informe Nolan lo ha implementado en el Reino Unido, el cual ya se está preparando por los cambios que traerá el Brexit. (*)
Es urgente implementar el Ombudsman o defensor del pueblo, autónomo, a nivel nacional y regional y con financiamiento adecuado para actuar en defensa de los chilenos y también hacer seguimiento a la legislación, su eficacia, eficiencia y promulgación oportuna.
Terminar los pactos, las colusiones y los arreglines entre partidos políticos. Que para las elecciones presidenciales cada partido presente un programa detallado de lo que piensa hacer y en qué tiempo lo hará, en la primera vuelta; luego, las dos primeras mayorías van a la segunda vuelta pero manteniendo lo presentado, nada de injertar programas.
Y que a los parlamentarios se les pague el sueldo asignado, pero multiplicado por el porcentaje que resulte de dividir todos los votantes efectivos del distrito, circunscripción o país por el total de votantes del padrón electoral respectivo. Aplicable en 3 años, 25,50 y 100%.
Es lo mínimo que se le debe pedir a estas instituciones que son las más desprestigiadas del país, y no se ve propuestas para salir de ahí.