Renato Segura
cerregional.cl
¿Qué debemos hacer en Chile para que la sociedad aprenda de sus errores? Siempre se ha dicho que la memoria es frágil. Parece que los 200 años de vida independiente son la nada cuando se trata de asumir aprendizajes frente a eventos que nunca quisiéramos se volvieran a repetir.
Somos un país que permanentemente ha enfrentado desastres naturales y artificiales. En todos, la improvisación como herramienta para hacer frente a la contingencia ha demostrado tener resultados devastadores en la seguridad de personas y bienes.
El evento del 27F dejó en evidencia la improvisación en el actuar de las autoridades y la incapacidad para enfrentar la crisis generados en las primeras horas. El nivel de desinformación y errores comunicacionales causaron la muerte evitable de decenas de personas que volvieron a sus casas, en circunstancias que venía un fuerte maremoto que impactaría las costas chilenas, destruyendo vidas humanas y varias localidades ya devastadas por el terremoto.
Siete años después, la tardanza en reaccionar con equipamiento adecuado ante el inicio de una serie de focos de incendios facilitó su propagación con características dantescas que quitó la vida, arrasó con viviendas y afectó gravemente la actividad productiva de los industriales madereros. Las altas temperaturas generadas por el cambio climático y el origen intencional y concertado del siniestro, no hacen más que agravar la falta de los organismos públicos responsables ante la evidente ausencia de coordinación y medios para enfrentar de forma temprana a los focos de incendio que, antes, se sabía tenían una alta probabilidad de ocurrencia.
La autoridad hizo un llamado a concentrar los esfuerzos en hacer frente al siniestro, dejando para una etapa post tragedia el análisis crítico en el actuar de los organismos a cargo de las emergencias. Estrategia que, antes, ha contribuido a disipar las críticas de la sociedad con la consabida mala memoria de la población.
En esta oportunidad, la incapacidad de las autoridades no se puede olvidar ni perdonar. Los ciudadanos debemos exigir a los órganos del Estado que tomen medidas drásticas cuando exista atisbo de incapacidad o desidia de los agentes involucrados frente a calamidades. Por ejemplo, para los funcionarios públicos que por acción u omisión abandonen sus deberes en asegurar la vida y los bienes de la población, se les inhabilite de por vida para asumir cargos públicos, y endurecer las penas a quienes, con sus actos –en forma accidental o intencional– ocasionen desastres artificiales.