Pedro Cisterna Osorio
Doctor en Ingeniería Química
Docente Dpto. Ingeniería Civil y Ambiental UBB
Estos días hemos sido testigo del desborde de incendios en nuestro país, si se considera el último quinquenio, la zona que incluye de la V a la IX región, presenta una superficie afectada de 36.600 hectáreas como promedio anual, de un total de 41.800 en todo el país, que lidera la región del Bío Bío con 12.080 hectáreas.
En Chile, hay sobre 2 millones de hectáreas de bosque productivo, constituido por Pino Insigne y Eucaliptus Globulus, el 50% de este suelo ocupado se concentra en la VIII y IX región, paradojalmente son estas regiones las que presentan la más intensa resistencia del Pueblo Mapuche al Estado Chileno.
Al abordar esta problemática, se tienen variables como datos de entrada, que no son manejables tales como la velocidad del viento, la alta temperatura ambiental, la baja sostenida de aguas lluvias, que se explican por el calentamiento global, donde las comunidades podemos incidir de manera marginal.
Variables tales como: la tasa de cultivos forestales, distancia a los asentamientos humanos, gestión del agua, sequedad del suelo etc., sí son controlables y hoy producto del manejo ineficiente, en vez de atenuar los impactos sobre la población, los aumentan con la ocurrencia de estos macro-incendios.
Por tanto, hay que regular los monocultivos forestales respecto al uso del territorio, deben realizarse en suelos descubiertos, erosionados y degradados, considerando la alta eficacia del cultivo de estas especies a nivel local.
Evaluar la relación plantación-cosecha en los bosques cultivados que hoy es de 2:1, considerando la huella hídrica y encontrar la relación óptima desde el punto de vista país y no tener como una única referencia las utilidades de la industria forestal, lo que debe ser complementado con la revisión del decreto 701.
Los vertederos de residuos sólidos deben cumplir con una franja de protección de 300 m de distancia a las viviendas y de 600 metros de captaciones de agua potable, lo mismo debe aplicarse a este tipo de actividad lucrativa.
Se debe revisar la legislación que regula la propiedad del agua e implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales innovadores en las áreas rurales, que permitan acumular estas aguas y tener zonas húmedas que ayuden a la hora de enfrentar las amenazas de incendio en los periodos estivales, ya sea en la forma de micro embalses o humedales naturales e inversión inmediata en aviones de mayor envergadura y alta eficiencia en el control de incendios.
En resumen, es hora de poner la inteligencia, el conocimiento y la voluntad política al servicio de la elaboración de leyes y programas de gestión del agua y de políticas públicas que obliguen a la industria forestal a actuar con responsabilidad social y sentido de país.