“Lamentablemente, nunca se había visto algo de esta dimensión en la historia de Chile y, por lo tanto, las fuerzas están haciendo todo lo humanamente posible y se va a seguir hasta que se logre contener y controlar el incendio”. El párrafo corresponde a los dichos de la Presidenta y es la evidencia más palpable que la incapacidad se ha institucionalizado en nuestro país.
A inicios de 2012, frente al desolador incendio en la Provincia de Ñuble que dejó una persona fallecida, 500 personas evacuadas, más de 30 viviendas destruidas, 18 mil hectáreas arrasadas por el fuego y la planta de paneles de Celulosa Arauco y Constitución completamente devastada, las voces en la zona se levantaron fuerte y claro: Chile no está preparado para enfrentar el riesgo latente de incendios forestales en gran escala.
Personalmente escribí una columna que decía: “se han intensificado las voces que piden una mayor proactividad en la prevención y un endurecimiento de las penas en la legislación para quienes inician el infierno que genera un incendio. Sin embargo, serán estériles los esfuerzos de los organismos públicos y privados si no se crea una conciencia colectiva regional sobre la importancia de erradicar los incendios forestales producidos voluntaria o involuntariamente por el hombre.
En este sentido, prevenir los siniestros de cualquier naturaleza es una tarea que no solo compete a los organismos gubernamentales, sino un imperativo moral y legal que debiera afectar a todos y cada uno de quienes habitan y visitan la Región”.
Cinco años después de dicho evento, vemos con impotencia como las autoridades han demostrado su nulo aprendizaje ante algo que sabíamos y lo hicimos saber, era cosa de tiempo que ocurriera. El notable abandono de deberes le ha costado al país estar inmerso en un siniestro de proporciones dantescas, con pérdida irrecuperables de vidas, viviendas y un daño de miles y miles de hectáreas, arrasando con la naturaleza y la esperanza de nuestra población.
Siento rabia e impotencia frente a esta realidad. Veo con indignación como las autoridades responsables de implementar las medidas se sumergieron por años en su zona de confort, sin importarles el peligro inminente para la población.
Es un crimen que, seguramente, nuestra sociedad sabrá olvidar después de llorar a sus muertos y recibir las ayudas del Estado para recuperar los bienes recibidos. Mientras tanto, quedará el registro escrito – que pocos leen – que el infierno está en llamas.