Finalmente, luego de casi dos años de discusión, el Congreso logró despachar el proyecto de elección directa y democrática de Gobernadores Regionales y esta misma semana la Presidenta Michelle Bachelet lo promulgó como Ley de la República.
Esta nueva normativa reemplaza al Intendente por un Gobernador Regional como el órgano ejecutivo del gobierno regional, que será elegido por votación popular, y constituye sin lugar a dudas una de las reformas políticas más importantes en materia de descentralización, ya que el sólo hecho de permitir que seamos los ciudadanos los que podamos elegir a nuestra máxima autoridad regional va en el sentido correcto de profundizar nuestra democracia y devolver la participación a los ciudadanos.
Sin embargo, esto es sólo el primer paso, ya que para que pueda entrar en vigencia la nueva institucionalidad, primero el Congreso Nacional deberá aprobar y despachar una Reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Elecciones y el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Regionalización, más conocido como Ley de Traspaso de Competencias. Este último es fundamental, porque establecerá qué competencias se van a traspasar a los Gobiernos Regionales para que los Gobernadores electos puedan llevar adelante su gestión, como así mismo los mecanismos por los cuales podrán solicitar al Presidente de la República nuevas atribuciones y competencias.
La Ley de Traspaso de Competencias, actualmente se encuentra en tercer trámite constitucional en el Senado y se espera que pueda ser aprobada durante el mes de enero, lo que permitiría la elección de Gobernadores Regionales en noviembre de 2017, con lo que se debería terminar con una serie de incertidumbres respecto a las competencias y atribuciones que tendrán estos Gobernadores electos, además de la relación que tendrán con otra figura que crea la ley, el "delegado presidencial", cargo a nivel regional que será elegido libremente por el Presidente de la República.
Por ello, enero se transforma en un mes clave para la regionalización en nuestro país, donde el Gobierno tiene la oportunidad histórica de poner en marcha un proceso de profundización de la democracia y de empoderamiento de nuestras regiones.