Dentro del acuerdo que permitió aprobar el presupuesto del Ministerio de Educación, se establece que 3.500 millones de pesos del total serán destinados a las universidades estatales, mientras que solo 500 millones irán para los planteles públicos no estatales del Consejo de Rectores (G9).
En la distribución de estos recursos establecida en esta oportunidad, nuevamente vemos el intento por separar aguas entre instituciones que, independiente de su propiedad, han desempeñado a lo largo de su historia un evidente rol y función pública por el valioso aporte hecho a las comunidades en las que se insertan. Un aspecto muy importante, y que ha sido reconocido ampliamente por diversos sectores del país.
Pese a que en el último tiempo el gobierno había dado luces respecto a reconocer la función pública que han nuestros planteles, hoy vemos con desencanto que al momento de materializar ese reconocimiento tomando en cuenta el presupuesto mencionado anteriormente, se insista en establecer esa clasificación dicotómica y simplista entre universidades estatales y privadas, evidenciando un carácter ideológico que subyace a la reforma a la educación superior.
No deja de ser llamativo que pese al discurso oficial que ha manifestado a lo largo de este proceso, el Gobierno haya decidido ampliar las becas Bicentenario y Juan Gómez Millas a planteles privados fuera del Consejo de Rectores. Una medida que claramente que no se condice con lo pregonado a lo largo de toda la discusión de la reforma. Pareciera que ahora, en lo que se puede entender como un intento de evitar una derrota política en el Congreso y en el Tribunal Constitucional, se busca privilegiar a universidades privadas, algunas de ellas cuestionadas por perseguir directa o indirectamente fines de lucro, o simplemente por falta de calidad.
Siendo en extremo sensible el tema de la educación superior en este momento a nivel nacional, dada las implicancias que buenas o malas decisiones pueden tener para el futuro de las instituciones y del país, nuevamente somos testigos de incentivos que conducen por caminos equivocados y que trascienden el año presupuestario 2017.
Así las cosas, la discusión legislativa que se aproxima en los meses venideros, con este nuevo elemento sobre la mesa, sin dudas que se avisora tensa y con un resultado incierto.