El proyecto de ley diseñado por el gobierno altera el equilibrio histórico del sistema mixto de educación superior del país, acentuando diferencias y propiciando discriminaciones arbitrarias, por lo cual las instituciones de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9) han planteado en diversas instancias que la reforma debe consignar un trato equivalente hacia todos los planteles del Consejo de Rectores (Cruch), a fin de salvaguardar la calidad del sistema público de educación terciaria y el aporte que éste realiza.
De no enmendar esta ruta en la indicación sustitutiva que el Ejecutivo anunció, el deterioro de las instituciones del G9 se manifestará progresivamente con la implementación de la reforma. Esta situación ya se evidencia en los últimos dos presupuestos de la nación, donde no sólo se han separado los fondos que antes eran comunes, sino que algunos se han eliminado sin compensarlos adecuadamente; se han generado brechas insostenibles en el tiempo por la política de gratuidad; e incumplido compromisos de Estado para aumentar los aportes basales. Todo ello ha tenido un negativo impacto en la disponibilidad de recursos y en la planificación de nuestras instituciones.
El compromiso público del G9 se expresa en múltiples ámbitos, ya sea desde iniciativas propias, en colaboración, o adhiriendo a las políticas públicas, con lo que generan bienes que benefician ampliamente a la sociedad.
Hoy forman a más del 44% de la matrícula de pregrado y al 50% de los doctorados del Cruch. Cuentan con la más alta certificación institucional que otorga la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), promediando 5,4 años. Dado su prestigio, los mejores puntajes de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) optan cada año por nuestra Red.
Asimismo, su contribución en investigación representa más de la mitad de las publicaciones indexadas y de los proyectos Fondecyt y Fondef, y tienen un claro liderazgo en el registro de patentes y licenciamientos.
Ocho de las universidades del G9 nacieron en regiones, tienen su casa central en ellas y el acento de su quehacer está definido por los intereses de dichos territorios, donde se hacen cargo de una amplia diversidad de problemáticas, favoreciendo la descentralización del desarrollo.
Aportan en movilidad social e inclusión de estudiantes vulnerables, siendo más de 48 mil de sus alumnos beneficiados por la gratuidad universitaria, mientras que más del 70% de quienes ingresaron a través del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE) a la educación superior en 2016, lo hizo a un plantel del G9.
Contribuyen a la diversidad del sistema de educación superior, enriqueciendo la amplitud de miradas y ámbitos de desarrollo para el país; donde la colaboración interinstitucional es central. Este trabajo conjunto, que se desarrolla con gran fluidez entre las universidades del Cruch, con más de 250 proyectos vigentes; demuestra el activo accionar en red del Consejo y refleja la comunidad de propósito de las instituciones que lo integran.
Si bien el reconocimiento estatal a las universidades del G9 consta en la legislación desde 1927, la distinción que se hace hoy entre las instituciones del Cruch lo desconoce; lo cual no es coherente con las políticas públicas que por más de cien años ha implementado el país, como tampoco lo es con la evidencia actual del aporte que generan y la función pública que ejercen en la creación de nuevo conocimiento, formación de personas y desarrollo territorial.
La reforma a la educación superior debe contemplar un reconocimiento explícito al G9, cuyo alcance debe expresarse en el respeto a la autonomía universitaria, el apoyo equitativo al fomento de la investigación y la calidad; tal como debe ocurrir con el urgente fortalecimiento a los planteles regionales y en el financiamiento en general, sin discriminación en la asignación de los aportes estatales ni en las condiciones para su adjudicación, a fin de impulsar equitativamente los distintos proyectos educativos que cumplan con la legislación vigente.