Jorge Porter Taschkewitz
Ingeniero Comercial

La Real Academia de la Lengua Española define responsabilidad como “Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”.

Así también, en administración de las organizaciones, se entiende que se delega la autoridad y nunca se delega la responsabilidad, por lo que el jefe es siempre responsable de los actos y de las consecuencias de los actos de sus subordinados.

En Chile, al parecer se tiene una especial definición de responsabilidad cuando se trata de actuaciones políticas.  Recuerdo los casos de Chile Deportes hace unos años en que los responsables de quien dependía esa institución decían que se mandaba sola.

Además, muy pocas veces los responsables políticos asumen las consecuencias de actos realizados por una institución durante su gestión, por ejemplo: Transantiago. Para qué decir de las promesas de la mayoría de los políticos que todos conocemos muy pocas veces cumplen.

La legislación con sus regulaciones, prohibiciones o incentivos influye en las actuaciones de los agentes económicos y sociales, estimulándolos o inhibiéndolos. Así como también la aplicación justa de la ley.

Por lo tanto, legisladores y Gobierno son los responsables por la priorización adecuada en la solución a los problemas de una sociedad en que pueden participar los agentes económicos y sociales.  En Chile, tenemos casi 21.000 leyes que influyen o no en el comportamiento de estos agentes y del Gobierno.

Lo obvio, es priorizar esa legislación para eliminar la pobreza, para mejorar la salud, para flexibilizar la creación de trabajos y para mejorar la situación de menores y ancianos.

El tema de la educación gratuita universal es sólo un gancho electoral irresponsable, ya que el país no cuenta con los recursos para financiarla en estos años.  El cobre, viga maestra o sueldo de Chile, con los bajos precios y altos costos actuales no lo permite.

En muchas partes del mundo los estudiantes universitarios trabajan para financiar su educación y así ayudar a su familia.  En Chile, si bien unos pocos lo hacen, parece que “no es políticamente correcto” ni siquiera insinuarlo.  

Lo que sí debiera ser es que los empresarios puedan crear trabajos flexibles con remuneración adecuada para ayudar en este objetivo, pega para legisladores para permitir esta creación de trabajos.

Debemos exigir que haya cambios sustantivos en el destino de recursos como el Fondo de Estabilización Económica y Social (Fees) que tiene alrededor de Mill US$ 15.000 por los excedentes del alto precio del cobre que ya terminó.

Parte de estos recursos, Mil US $ 6.000 debieran utilizarse en Investigación y Desarrollo aplicada que creará empleos y en capacitación en 4 macrozonas regionales que nos permita modernizar sus matrices productivas, principalmente en las regiones del sur de Chile, las más pobres.

Además, estamos escuchando que en las elecciones futuras participarían mayoritariamente los de siempre, y aquí entra Einstein con su dicho: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.
Es responsabilidad nuestra votar y exigir, para cambiar lo malo y mejorar lo bueno.