Estimada Presidenta, con el mayor respeto y consideración a su persona y alta investidura, un ciudadano quiere compartir algunas de las razones del por qué de la indignación ciudadana registrada en la Encuesta CEP.
La población se irrita cuando se entera que el Sistema de Alta Dirección Pública, creado para corregir errores en la transparencia y capacidad de gestión de los seleccionados, incumple dicho objetivo afectando la dignidad de quienes participan del proceso.
En efecto, destacados profesionales, que postulan infructuosamente a dichos cargos, son testigos de la poca transparencia y sentido ciudadano al momento de elegir los directivos públicos. Las cifras no mienten: de 9 años que debiese durar en el cargo, para un trabajo bien hecho en el proceso de selección, apenas supera 3,3 años en promedio y, la mayor frecuencia de seleccionados, se agrupa en los 4 años en el cargo, revelando nominaciones de origen político.
La indignación surge cuando el Estado se alinean en buscar resquicios para aplicar las penas del infierno a quienes violaron los derechos humanos en dictadura, pero no muestran la misma energía investigativa, cuando la violación a los derechos humanos les quita la vida a centenares de menores, que estaban bajo la protección del Servicio Nacional de Menores.
En la Araucanía, la rabia e impotencia de los ciudadanos se amplifica, cuando la pobreza y la falta de oportunidades contrasta con la predisposición del Estado en seguir aprobando y estimulando proyectos de inversión en la misma actividad productiva que ha enriquecido a unos pocos a costa del bienestar de toda una comunidad.
Resulta una burla saber que, los mismos grupos económicos que reciben el beneplácito de la autoridad para perpetuar la extracción de la riqueza del país, son los que financian la elección de los parlamentarios y tejen las redes de influencia en el poder público.
Indigna ver cómo, profesionales investidos como guardianes de la fe pública en las instituciones de educación superior, revelan negligencia al momento de evaluar la calidad de las mismas. Todavía se escucha la amenaza de la CNA, en el 2012, de quitar las certificaciones viciadas. Finalmente, no se detectaron vicios y se concluyó que, todas las instituciones, estaban acreditadas conforme a la ley.
Presidenta, la ciudadanía está desilusionada y cansada del engaño, aprovechamiento, desprecio y arrogancia que caracteriza a directivos públicos y privados, supuestamente escogidos de la elite del país. No es sano seguir estirando la cuerda, porque, de romperse, se pondrá fin a la sana convivencia de una sociedad que, lo único que busca, es vivir en paz y fraternidad. Le saluda respetuosamente, un ciudadano.