Hay noticias de carácter nacional y regional estrechamente vinculadas a la gestión energética en nuestro país, en lo nacional la licitación de energía eléctrica más grande realizada en Chile, tuvo como resultado que las grandes ganadoras fueron las compañías de energía renovable, que se llevaron más del 50% del paquete subastado, que se traduce en una baja del precio promedio en un 40 por ciento con respecto a la subasta anterior, el gobierno adjudicó contratos por 12.340 gigavatios hora al año a un precio promedio de US$47,59 MWh, frente a los US$79,34 MWh de la subasta de fines de 2015 y con una inversión asociada a realizar en Chile de US$ 3000 millones.

Sin duda esta noticia es destacable, por que logra conciliar una baja en los precios, con beneficios de mayor rentabilidad para el sector productivo, con menores precios para la población y con el ejercicio de una gestión energética de mayor sustentabilidad, basada en energía solar y eólica.

Ahora a nivel regional nos encontramos con el Proyecto Octopus y su derivada la Central Termoelectrica “El Campesino”, proyectos que generan impacto ambiental considerable, calentamiento global, resistencia ciudadana y que se mueven dentro del marco tradicional contaminante de esta industria, se puede afirmar que estos proyectos van a contrapelo respecto a los resultados de la gran licitación que ha hecho el gobierno.

Es hora de que los temas energéticos no se analicen desde una perspectiva individual sino con una lógica global de región, de país y en ese contexto se consideren las consecuencias ambientales, económica, desarrollo tecnológico y está claro que el mito de que las Energías Renovables No Convencionales son una opción lejana y cara, se cae por si solo y por tanto insistir en proyectos como Octopus y derivados no tiene mucha validez en el siglo 21.

Esto debe traducirse en una política energética que tienda a la diversificación de la matriz energética, lo que ya estaría en curso, y con un crecimiento sostenido de la cuota de generación de energías renovables; zonificación de las distintas centrales y tecnologías considerando los recursos energéticos locales; y que se elabore con una real participación de la ciudadanía, esta sería una planificación transparente, rentable económicamente y ambientalmente sustentable.

Una segunda derivada es la regionalización y por tanto cada gobierno regional debería contar con un plan energético estratégico coherente con la planificación de país, que genere un horizonte de trabajo técnico y sociopolítico, porque a diferencia del mercado de las papas que se rige bajo los paradigmas de la economía clásica, el mercado de la energía requiere una regulación y el compromiso del estado para garantizar el bien común de todos los chilenos y claramente no basta con el resultado de una licitación bien gestionada a nivel central, es sustantivo la planificación energética a nivel regional con argumentos y desarrollo de proyectos consistentes con el Territorio.