Nadie investigará o castigará a quien contribuyó para lograr el ascenso de su carrera funcionaria, ni legislará en la materia.

 

Está pronto a entrar en vigencia el proyecto de ley que supone hacer más efectiva la labor de la Fiscalía Nacional Económica para reprimir la colusión. Sin embargo, en el contexto de estos discursos poco claros, se omitió decir que para la investigación criminal se requerirá previamente que la Fiscalía Nacional Económica se querelle, impidiéndose al Ministerio Público para proceder de oficio, o por querella o denuncia de las propias víctimas. 

Esto reproduce las falencias de las que ya hemos sido testigos en torno a las pesquisas por delitos tributarios que necesitan para ser indagadas un pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos, de los delitos aduaneros en los que son necesarias la denuncia o querella previa del Servicio de Aduanas y ahora también de los delitos electorales en los que resulta previamente ser indispensable el impulso del Servicio Electoral. 

Es decir, se pone no sólo en entredicho un mandato constitucional que es entregar al Ministerio Público la facultad exclusiva de investigar los hechos que revistan los caracteres de delito, sino que se entraba el camino para velar por que estos hechos, que vaya que hemos visto que afectan la confianza en nuestra institucionalidad, sean castigados, permitiendo que se construya una elegante impunidad revestida de un marco legal que dificulta el que se devele como se entrecruzan los más espurios intereses entre las castas políticas y económicas. 

Merecido el repudio generalizado de la ciudadanía hacia quienes se dicen sus representantes. Lamentablemente, todavía no se ha levantado el velo que permitiría perfeccionar en términos reales nuestro sistema democrático respecto de las injerencias del espectro político y sus secuaces en la designación de las más altas autoridades del país y de las regiones, cuyos cargos terminan siendo cooptados por los cruces de favores y las negociaciones subterráneas que soterradamente ponen en riesgo su autonomía. 

En el actual escenario, parece obvio que nadie legislará, investigará o castigará afectando a quien contribuyó para lograr el ascenso de una carrera funcionaria. Todo esto provoca hastío y hace que la ciudadanía ya no le crea a nadie, más aun cuando los únicos que parecen verse perjudicados son los que vanamente intentan aclarar lo que está al fondo de un túnel del que recién estamos conociendo su acceso. 

Resulta ser absurdo entonces que ahora se nos pida que tengamos confianza, con el uso que de estos espacios han hecho quienes la tenían. Al fin y al cabo, y como sostiene Enzensberger: "Los que pretenden ganarse la confianza de los demás son siempre los que menos la merecen".