No dejan de sorprender las reacciones de autoridades en Chile frente a la noticia de algo que es archisabido: "Los inversionistas que participan de las universidades privadas, lo hacen con afán de lucro y/o para influir en beneficio de intereses particulares".
Al igual como ocurre con los programas televisivos que buscan aumentar el people meter, se observan reacciones histéricas cuando se revelan hechos que puedan hacer presumir violación de la legislación vigente. Para cualquier persona con "tres dedos de frente", resulta inverosímil pensar que las universidades privadas hayan estado 30 años violando la ley sin que la institucionalidad haya actuado en derecho (sería un notable abandono de deberes colectivo).
Sobre todo, si se considera que son muchos los actores de la sociedad que han denunciado las distintas transacciones que han realizado los controladores con dichas instituciones (investigaciones de Ciper, por ejemplo).
A mayor abundamiento, organismos públicos, como el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación, han anunciado una serie de investigaciones para develar violaciones al marco legal; las cuales, sin embargo, no han encontrado evidencia de lucro o fallas en la calidad, más allá de lo que, la ley, permite.
Sin embargo, los incentivos de los controladores y su forma de administración de las instituciones dan cuenta del uso de recursos públicos en proyectos privados, ajenos al espíritu con el cual fueron asignados; lo que denota un mal diseño de la ley.
Por otro lado, la calidad en el funcionamiento de una Universidad, debiera estar cautelado por la Comisión Nacional de Acreditación, institucionalidad que, a la luz de los resultados, no está cumpliendo con la función para la cual fue creada. En efecto, en materia de Gestión Institucional, se entiende que los fines declarados por la institución capturan y mandatan las acciones y recursos.
En términos de aseguramiento de la calidad, cualquier acción o desvío de recursos distintos a los propósitos y fines declarados por la institución afecta negativamente la calidad en el área evaluada. Sin embargo, las instituciones son acreditadas.
En resumen, el Estado de Chile es el principal responsable que, los recursos públicos destinados a la educación universitaria, se destinen para fines diversos. El show mediático, que normalmente realiza la autoridad, es un acto de farándula que busca distraer a la opinión pública para diluir su responsabilidad; ocasionando, de paso, gravísimos daños colaterales a las instituciones universitarias tradicionales, de excelencia, quienes demuestran, en los hechos, que contribuyen en forma notable al prestigio de la Educación Superior y al desarrollo del país.