El caso Gendarmeria-Dipreca se ha convertido en una caja de sorpresas que puede ser indicativo de graves irregularidades en todo el aparato público que cuenta con un sistema de control financieramente pobre y permeable al poder político de turno.

El año 1993 se dictó la ley 19195 que establecía que el personal de Gendarmería quedaba sujeto al régimen previsional de Carabineros. Se agregó a los profesionales y administrativos "civiles" destinados en forma permanente a prestar servicios dentro de una unidad penal, lo fue rápidamente aprovechado por quienes siempre buscan alguna fórmula para sacarle una mascada mayor al Estado.

El año 2012 la Contraloría, fiscalizó y emitió el informe especial 56 que trata el traspaso de personal desde las AFP a Dipreca acogiéndose a la ley 19195. El informe enviado al Ministro del Interior Andrés Chadwick y al Director de Dipreca, daba cuenta de falta de conciliaciones bancarias, desorden administrativo y además una lista de 58 funcionarios con irregularidades en su afiliación. De estos, 51 no cumplían los requisitos para ser imponentes de la caja previsional y por tanto no correspondía traspasar sus imposiciones desde la respectiva AFP. La razón: cumplían cargos de suplente o a contrata e incluso no estaban destinados a una unidad penal.

El 7 de octubre del 2014 se emite un informe de seguimiento que fue enviado al Ministro del Interior de esa época Rodrigo Peñailillo y a los directores de Dipreca y Gendarmería. Aquí se deja constancia de 44 funcionarios que Dipreca dio de baja como cotizantes, pero a los que Gendarmería siguió pagando las erogaciones a esa caja.

La señora Olate estaba en esa lista. Ella fue cotizante de Provida hasta el año 2009, lo que desvirtúa que por 20 años había cotizado en Dipreca; y fue dada de baja de esta caja previsional debido a que no cumplía ninguno de los requisitos exigidos por la ley 19.195. Es válido entonces preguntarse cuantos conocían este cuestionamiento desde el 2012 y como se logró que Dipreca cursara la pensión habiendo acreditado que fue dada de baja del sistema.

Osvaldo Andrade, Presidente de la Cámara de Diputados, le prestó ropa y mucha, no solo descartando irregularidades en el proceso de obtención de la pensión, sino que acusando una canallada al mezclar a su familia en las disputas políticas.

Se entenderá ahora que Andrade no puede seguir en uno de los cargos más importantes del país, y quizás más relevante, el caso Olate demuestra la necesidad urgente de dotar a la Contraloría General de mucho más músculo, más recursos financieros, más fiscalizadores y por cierto más atribuciones e independencia. Detener la corrupción requiere mucho más esfuerzo y para eso el compromiso de los gobernantes debe ser desde el primer día incluyendo al Parlamento, algo que Andrade no garantiza.