“Está en proceso un golpe de Estado. Ya lo sabíamos anticipadamente. Se preparó la derecha con apoyo internacional. Quiero decir al pueblo boliviano: primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional”. Así, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, respondió este miércoles a las acusaciones de supuesto fraude, reclamos que no han cesado desde las elecciones el domingo, cuando la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) -dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE)- se paralizó durante 20 horas con un 83% escrutado.

Inicialmente ese conteo rápido reveló una segunda vuelta entre el mandatario boliviano y su rival Carlos Mesa. Sin embargo, el martes, tras la actualización del recuento, el Presidente se dio por ganador en primera vuelta. De esta manera, “cabildos ciudadanos” en ocho departamentos (La Paz, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni y Santa Cruz) convocaron a un paro indefinido.

Hasta la publicación de esta nota, Evo Morales alcanzaba un 46,2% y Mesa un 37,2% en el Cómputo Electoral, con un 97% escrutado, reabriendo el escenario de un balotaje. Para ganar en primera vuelta en Bolivia se requiere más del 50% o un 40% siempre y cuando la diferencia con el segundo sea de 10 puntos.

La incertidumbre ha desbordado las calles del país, ya que la ciudadanía desconocía el resultado final de los comicios generales.

Ante esto, el exvocero de la demanda marítima manifestó que “si hay alguien que ha roto y rompe el orden constitucional se llama Evo Morales”. Mesa hizo un llamado a la unidad para defender “la legitimidad del voto popular”.

A este escenario de tensión se sumó el informe de los 92 observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegados durante las elecciones en Bolivia, que arrojó que “hubo principios electorales vulnerados”.

Por esto, exhortaron a que “en el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta” para poner fin a la crisis política.

Descontento social

Las acusaciones de fraude han destapado un descontento social que venía en aumento desde el 21 de febrero de 2016, cuando se realizó un referendo en el que el 51,3% de los bolivianos rechazó la cuarta candidatura del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El órgano encargado de monitorear las elecciones generales vivió momentos críticos el año pasado, cuando registró varias renuncias de su personal. Sin embargo, la situación se agudizó el martes en medio de violentos enfrentamientos en varias ciudades del país. Incluso el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, dimitió a través de una carta en la que calificó de “desatinada decisión de la sala del TSE de suspender la publicación de los resultados del sistema de TREP”.

“Las denuncias de fraude no surgen de pronto, es un conjunto de cosas en que la ciudadanía ha visto el deterioro en la institucionalidad del TSE. Los bolivianos fueron al proceso electoral con una profunda desconfianza. Tenemos que pasar de la mirada miope, que pretende observar una dualidad de izquierda y derecha. Lo que está ocurriendo en las calles no es un apoyo a un candidato, sino una demanda de respeto a la democracia que a los bolivianos les ha costado sangre, historia y sacrificio”, explicó a La Tercera Moira Zuazo, politóloga boliviana.

Ante esto, el periodista y analista político Raúl Peñaranda dijo que “no hay un golpe de Estado, lo que hay es una irrupción de la rabia de la gente después de tantos años de gobierno”.