El Presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció esta noche que no ha pensado en renunciar a su cargo y que inició un diálogo con el sector indígena que ha protagonizado duras protestas y bloqueos de caminos en rechazo a la importante alza en el precio de los combustibles.

En un discurso difundido por radio y televisión, el Mandatario dijo que el acercamiento ha sido posible gracias a rectores de universidades y representantes de Naciones Unidas y los sectores políticos, económicos, sociales y religiosos del país.

“Sin duda es difícil ponerse de acuerdo con tantas organizaciones (indígenas), pero precisamente es el esfuerzo que le corresponde a un gobierno”, argumentó.

Consultado si ha pensado en renunciar debido a las protestas, respondió: “No, bajo ninguna circunstancia, y no veo por qué tendría que hacerlo si estoy tomando las decisiones correctas”.

Para este miércoles los principales gremios de sindicalistas han convocado a un paro nacional, un nuevo desafío para el gobierno, que afronta problemas por su decisión de eliminar un subsidio de 1.300 millones de dólares a los precios de los combustibles con el objetivo de equilibrar la caja fiscal. La gasolina pasó de 1,85 dólares por galón a 2,39 y el diésel de 1,03 a 2,30.

La declaración se produjo tras una violenta jornada en que miles de indígenas tomaron por momentos la Asamblea, sin funcionarios en su interior, tras lo cual el gobierno decretó un toque de queda en edificios estatales y sectores estratégicos.

A primeras horas de la noche, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a miles de indígenas que estaban concentrados en un parque del centro norte de la capital, provocando que muchos de ellos se refugiaran en las instalaciones de la Casa de la Cultura, donde aún permanecen.

La Cámara de Industrias, informó que las manifestaciones están causando pérdidas por más de 210 millones de dólares al día a ese y otros sectores, como el comercial y el turístico.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, aclaró que con el toque de queda se busca proteger también puertos, aeropuertos, refinerías, puntos de abastecimiento de agua, energía y antenas de telecomunicaciones, entre otros.

En la tarde, indígenas furiosos ingresaron a la Asamblea -donde no había funcionarios-, pero fueron desalojados por policías y militares con gas pimienta, mientras que el presidente de la Asamblea, César Litardo, rechazó de manera tajante esa acción, aunque reconoció el derecho a la protesta.

El contralor general, Pablo Celi, apareció en la tarde con el Presidente Moreno y los titulares de las principales funciones del Estado y dio su explícito respaldo al mandatario en una cadena nacional.

Ecuador, con una población de 17 millones de habitantes, está en un punto muerto y de riesgo, paralizado por la falta de transporte público y carreteras bloqueadas que afectaban a una economía ya vulnerable.

La violencia ha causado que varios pozos petroleros dejen de generar cerca de un tercio de la producción nacional de crudo, 560.000 barriles diarios.

Las autoridades confirmaron 19 heridos de diversa magnitud y 676 detenidos durante las protestas que causaron desabastecimiento de alimentos en mercados de algunas ciudades.

Ante las protestas, Moreno trasladó la sede de gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil, donde ratificó que mantendrá el aumento del precio de los combustibles, rechazó los saqueos y ataques a propiedad privada y entidades estatales protagonizadas por indígenas y manifestantes.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, respondió que no habrá diálogo mientras no se deroguen las medidas económicas y denunció la supuesta infiltración de personas en las protestas para “desacreditar” la lucha del movimiento indígena.

En Quito, las calles lucieron vacías aunque con manifestantes quemando neumáticos y enfrentándose a los agentes antidisturbios.

La analista Grace Jaramillo, de la universidad British Columbia, en Vancouver, dijo a The Associated Press que el gobierno de Moreno “tenía la obligación, y no lo hizo, de generar consensos o al menos acuerdos mínimos con los sectores más vulnerables y las organizaciones que iban a ser afectadas por las medidas”.

De acuerdo con la experta, el traslado de la sede de gobierno es “una medida desesperada por salvar la presidencia de un posible golpe de Estado, ese es el miedo mayor, pero eso también explica la incapacidad del gobierno por resguardar el orden, para acercar posiciones y para detener el caos”.

Moreno acusó en la víspera al expresidente Rafael Correa (2007-2017) y al mandatario venezolano Nicolás Maduro de gestar un intento de golpe de Estado, este último, desde Caracas respondió que las acusaciones de golpismo endilgadas por su homólogo están “fuera de la realidad”, mientras que Correa aseveró que “no hay golpismo, los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos… adelantar elecciones”.

Correa tiene una orden de captura en Ecuador por presuntos delitos de corrupción.

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, señaló que “al momento en que haya las condiciones necesarias… el Presidente volverá a Quito”, y explicó que “no queremos derramamiento de sangre… no queremos vandalismo innecesario, si el movimiento indígena ha decidido estar en Quito, que lo haga en forma pacífica”.

El lunes, cientos de personas saquearon establecimientos comerciales de diverso tipo, desde farmacias hasta sitios de venta de electrodomésticos, en la población de Durán, y en Guayaquil, en medio de la ausencia de la fuerza pública.

El gobierno decretó la semana pasada un estado de excepción nacional, que restringe derechos ciudadanos. Ese mecanismo se usa con cierta frecuencia en el país incluso como a mediados de año para hacer frente a problemas en las cárceles.

Las actividades escolares a todos niveles están suspendidas en todo el país.

Los hechos traen a la memoria de los ecuatorianos las violentas protestas sociales de 2005, que llevaron al entonces presidente Lucio Gutiérrez a dejar el poder en medio de críticas a su gestión.