Se esperaba que viera la luz en mayo y luego en agosto, pero Casa Rosada finalmente anunció que este mes presentará ante el Congreso el proyecto de reforma al Código Penal, que data desde 1921. Sin embargo, tras una serie de controversias originadas luego de violentos incidentes en las afueras del edificio del Congreso el pasado 24 de octubre, la iniciativa ha abierto un nuevo frente de debate con respecto a algunas modificaciones que contempla el Ejecutivo.

Entre las novedades del proyecto, el Presidente Mauricio Macri busca limitar los cortes de tránsito y endurecer las penas a extranjeros que infrinjan la ley en ese país. Se espera que el tratamiento tome tiempo considerando la magnitud de la reforma: con el nuevo Código se pasará de 320 a 540 artículos.

En términos prácticos, la reforma judicial pretende elevar la escala penal -que hoy tiene un máximo de dos años- a entre seis meses y tres años de cárcel por “detener o entorpecer” la marcha de un medio de transporte público o privado sin autorización previa del Estado.

Pero no solo eso. También se especifica que si bien se garantiza el derecho constitucional de los individuos a protestar, un juez deberá “analizar en cada caso concreto (…) la existencia de vías alternativas de circulación”.

Justamente en las últimas semanas se reveló que en lo que va del año las protestas aumentaron un 18% con respecto a 2017. Sólo en octubre se registraron 473, según la consultora Diagnóstico Político. Y se prevé que de cara al G-20, que se celebrará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires, la cifra puede ser aún mayor.

“No endurecemos”

Los enfrentamientos callejeros durante el debate del Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados, volvieron a encender las alarmas en Argentina. Esas marchas dejaron 26 detenidos, cuatro de los cuales eran extranjeros: dos venezolanos, uno paraguayo y otro turco. El Ejecutivo anunció la intención de expulsarlos “lo más rápido posible”, lo que provocó una gran polémica.

El lunes, tres ministros aprovecharon de defender las propuestas incluidas en la reforma al Código Penal para limitar los cortes de las calles y para impedir el reingreso a Argentina de extranjeros expulsados. “No endurecemos, pero queremos que se aplique la ley y que todos puedan disfrutar de sus libertades”, dijo el titular de Educación, Alejandro Finocchiaro.

En cuanto a los delitos de “tráfico y permanencia ilegal de migrantes”, el nuevo Código impone una pena para los extranjeros que utilicen documentación falsa, y también para aquellos que incumplan la prohibición de reingresar al país. Para este último caso, la figura agravada contempla entre uno y cuatro años de prisión, mientras que en la actual legislación no está considerado como delito.

Pero pese a las críticas, el titular de la comisión del Ejecutivo para la reforma, el juez Mariano Borinsky, señaló a La Tercera que “la comisión es de juristas independientes del Ejecutivo. Y el trabajo de la comisión terminó el 28 de mayo pasado”, por lo que no se habrían considerado los eventos del 24 de octubre en los cambios.

¿Qué viene ahora?

En Argentina comentan que fue el mismo Macri quien pidió acelerar los procedimientos para presentar el proyecto de ley luego de la votación del presupuesto, que se llevará a cabo el miércoles en el Senado. Además, se espera que sea esta la iniciativa que lo potenciará en el próximo año electoral.

Con todo, nada ha conseguido frenar las polémicas frente al nuevo Código Penal argentino y menos la idea de una supuesta “influencia” por la elección de Jair Bolsonaro en Brasil. Tanto así que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha intentado encausar el debate enfatizando en que es una iniciativa previa a las elecciones brasileñas. “En nuestro caso no es por el triunfo de Bolsonaro. Desde el primer día estamos cambiando el paradigma en seguridad e inmigración”, señaló.

Desde el lado de los analistas, el politólogo Ignacio Labaquí indicó que probablemente el gobierno “busca sintonizar con una agenda no económica que le permita sumar apoyos en la sociedad”.

Ahora, el proyecto debe ingresar al Congreso para que los parlamentarios voten por cada uno de los cambios que pretenden modernizar la actual legislación penal transandina.