Pedro Pablo Kuczynski es amenazado nuevamente de ser destituido como presidente de Perú

El Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se enfrentaría a una segunda moción de destitución, presentada por los partidos Frente Amplio (FA) y Nuevo Perú —ambos de izquierda— durante los primeros días de febrero.

Marco Arana, congresista y líder del FA, explicó en La Tercera que, tras presentar la primera solicitud en diciembre, esta nueva demanda incorpora “elementos nuevos relacionados con indicios de conflictos de intereses (de Kuczynski)” que estrechan sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht. Para Kuczynski este pedido “es un refrito por una sencilla razón: hay un grupo de extrema izquierda que no está reconciliado con este indulto, eso es lo que pasa”.

Un reporte de más de 140 movimientos bancarios de la empresa Westfield Capital, perteneciente a Kucsynski, entregó el Banco de Crédito del Perú a la Fiscalía y a la Unidad de Inteligencia, según informaron los medios peruanos. En el mismo informe se reveló la actividad de Odebrecht y de Gerardo Sepúlveda, socio de Kucsynski y dueño de First Capital, junto a otras compañías que el gobernante dirigió o asesoró.

El mandatario del país vecino fue sometido a un primer petitorio por vacancia luego de confirmarse las asesorías que Westfield brindó a Odebrecht, cuando él era ministro para la administración de Alejandro Toledo (2001-2006). Mientras tanto, una encuesta de Datum evidenció que el 53% de peruanos estima que el gobernante debería dejar el cargo. Por otro lado, el 43% piensa que debe continuar su gestión. “Al decretar el indulto de Alberto Fujimori, un grueso sector de quienes lo apoyaron se sintieron defraudados”, señaló en La Tercera el profesor Fernando Tuesta, profesor de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Perú.

Para la acogida de la moción se necesitan 87 votos a favor para que pueda ser discutida en el Congreso. En ese sentido, cabe agregar, el Frente Amplio y el Nuevo Perú suman 20. En tanto, las bancadas de Acción Popular (AP) y el APRA, junto a otros congresistas y excongresistas, decidieron no apoyar la petición debido a que se encuentran expectantes de las investigaciones que establezca el Ministerio Público. Además, esperan una posible declaración —ante fiscalía— de Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht, cuyo abogado señaló que “quiere esclarecer todo”.