Hace un año y tras una serie de tropiezos, el Presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron -por segunda vez- un acuerdo de paz para terminar con más de 50 años de conflicto armado entre el Estado y la guerrilla más antigua de América Latina. Desde entonces muchas cosas han cambiado en Colombia. Desde el 1 de septiembre las FARC se convirtieron en un partido político con un nuevo nombre (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) y el país se encamina a unos comicios electorales en 2018 marcados por la implementación de los acuerdos, como telón de fondo. Estas son algunas claves de lo cumplido y lo pendiente, tras un año de la firma.
El cese el fuego y el fin de las hostilidades se ha mantenido tras la firma de los acuerdos. También se completó el traslado de los ex guerrilleros a las zonas veredales transitorias para iniciar uno de los desafíos más importantes del post conflicto: su regreso a la vida civil. A estos lugares, ubicados estratégicamente en sectores remotos por toda Colombia, llegaron cerca de 7.000 combatientes. Las FARC también entregaron sus armas: 7.200 fueron recolectadas por Naciones Unidas y 8.994 se extrajeron de las llamadas caletas o depósitos clandestinos.
A pesar de las críticas y la resistencia de algunos sectores conservadores, el paso de las FARC de una guerrilla a un partido político, se cumplió. Tras la dejación de las armas, las FARC concretaron este rumbo el 1 de septiembre con la presentación oficial de su partido, en Bogotá. El movimiento político ahora se prepara para hacer su debut más trascendental: los comicios generales de 2018, con su líder histórico, Rodrigo Londoño “Timochenko” como candidato presidencial. El tema también quedó zanjado en el Congreso, que aprobó que las FARC tengan un mínimo de cinco curules en la Cámara y en el Senado, en el caso de no lograr la votación.
Este es tal vez uno de los balances más positivos del fin del conflicto armado. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, el proceso de paz evitó -entre el 29 de agosto de 2016 y el 27 de junio de 2017- la muerte de 2.796 personas. Este cálculo se hizo en base a los 3 mil muertos promedio que se registraban cada año por el conflicto en Colombia.
A un año de la firma, aún hay varios puntos pendientes dentro de la implementación de los acuerdos. Según un informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, sólo se ha implementado el 17% de los acuerdos de paz. El 55% no se ha iniciado y el 28% tiene un desarrollo mínimo o intermedio. Por otra parte, sólo ocho de las 27 leyes necesarias para llevar a cabo la paz han sido aprobadas.
De las 558 disposiciones que conforman el acuerdo de paz, tal vez la más polémica y la más urgente es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ante la que deben responder aquellos ex guerrilleros que cometieron delitos graves durante el conflicto armado. Según el diario El Tiempo, hasta el viernes 17 de noviembre y tras salir de las cárceles, 3.491 ex combatientes y 1.714 miembros de la Fuerza Pública esperaban el inicio de la JEP para comparecer. La JEP tiene aún que pasar un último examen en la Cámara el 30 de noviembre.
A mediados de abril y sólo 15 días después de salir en libertad de la cárcel de Vista Hermosa en Cali, Luis Alberto Ortiz Cabezas fue asesinado. Fue el primer miembro de las FARC en morir tras ser beneficiado por la ley de amnistía e indulto como parte de los acuerdos. Pero no ha sido el único. Para mediados de agosto, el estado mayor de las FARC denunció que desde que se firmó el acuerdo, han sido asesinados por lo menos 32 de sus ex combatientes y familiares.
La muerte de los ex guerrilleros ha sido uno de los episodios negros del desarme. “Los incumplimientos sistemáticos han profundizado mucho la inseguridad en los territorios y en buena medida, el mal ambiente que ha producido los asesinatos”, aseguró a La Tercera Jairo Rivera, politólogo y miembro de Voces de Paz, agrupación que servirá como un vínculo entre la sociedad civil y las FARC en el Congreso
Otro tema espinoso ha sido la reincorporación socioeconómica de los ex guerrilleros. Según El Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz (OIAP) para octubre sólo el 33% se había llevado a cabo en los tiempos establecidos.