La tensión entre el gobierno español de Mariano Rajoy y Cataluña no aminora. El Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció que seguirá adelante “para restaurar la legalidad” en esta región, después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le comunicara en una carta que el Parlamento catalán podría votar la independencia si no hay diálogo.
A las 10:00 de este jueves venció el plazo para que Puigdemont aclarara al gobierno de Rajoy si declaró o no la independencia en la sesión en el Parlamento catalán del 10 de octubre pasado. En su respuesta, el líder catalán afirmó que “si el gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10”.
Rajoy no se dio por satisfecho y convocó para el sábado a un consejo de ministros extraordinario para continuar “con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”.
Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que enviará al Senado para su autorización y aplicación efectiva. El 155 , que nunca ha sido usado a fondo en España, podría dar lugar a que el gobierno asuma la dirección y gestión de Cataluña, la destitución de sus dirigentes y la toma de control, por ejemplo, de su policía, los “Mossos d’Esquadra”.
Hasta anoche no había respuesta del gobierno catalán al anuncio de Madrid, pero diputados de la coalición Junts pel Sí, del presidente Puigdemont, y de la CUP, que conforman el frente independentista en el Parlamento catalán, estaban reunidos para decidir los próximos pasos en esta crisis.
La agencia Europa Press, basándose en fuentes parlamentarias, explicó que tras el Consejo de Ministros -que aprobará el artículo 155 de la Constitución el sábado- se reunirá el sábado la Mesa del Senado para recibir las medidas que se aplicarán en Cataluña, los requerimientos a Puigdemont y ordenar su debate y aprobación en la Cámara. La agencia señala que esta tramitación se desarrollará la próxima semana, a partir del lunes, y podría terminar el viernes o prolongarse hasta el lunes 30 o el martes 31, según señaló el diario La Vanguardia.
Una vez que se reciba toda la documentación, la Mesa debe decidir cómo se tramita y en qué plazo. El órgano de gobierno del Senado está formado por cuatro representantes del Partido Popular (PP), dos del Partido Socialista Obrero Español (Psoe) y uno del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
De acuerdo con el Reglamento del Senado, la aplicación del artículo 155 de la Constitución puede recaer en la Comisión General de Comunidades Autónomas o en una comisión creada entre varias, si se entiende que el asunto afecta a más de una. La diferencia entre una y otra es que a la Comisión General pueden acudir representantes de todas las autonomías y también el propio gobierno para exponer su punto de vista sobre el asunto, por lo que se extendería este proceso. Fuentes dijeron a Europa Press que esto también podría gatillar debates paralelos que no convienen en estos momentos.
El diario La Vanguardia explicó que tanto el gobierno como el PP se inclina por la segunda opción, cuya constitución corresponde a la Mesa con senadores procedentes de las comisiones cuyo ámbito se vea afectado por las medidas del Ejecutivo, y en la que al menos estarán los de la Comisión Constitucional.