En distintas ocasiones durante los últimos cuatro meses, la destituida fiscal venezolana Luisa Ortega ha utilizado frases del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013) durante sus pronunciamientos. “Toda mi vida, y por amor al pueblo, le dedicaré hasta el último segundo de ella a la defensa de la democracia de los derechos humanos”, aseguró, por ejemplo, a fines de junio.
Pero a diferencia de otros chavistas, esta abogada de 59 años ha utilizado las palabras de su “Comandante” para criticar directamente a su sucesor, el Presidente Nicolás Maduro, en medio de la crisis.
La ex fiscal, nombrada por Chávez en 2007 y luego ratificada en 2014 por la mano derecha de Maduro, Diosdado Cabello, se ha convertido en el mayor dolor de cabeza del Ejecutivo venezolano. Su figura incluso ha logrado opacar cualquier gesto de la dirigencia opositora, aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que a pesar de tener a la comunidad internacional y a parte importante de la sociedad venezolana de su lado (la popularidad del mandatario según la encuestadora Datanálisis es de 17%) no ha logrado mantener su presión contra Maduro de manera permanente.
Por eso más que liderar a la oposición, Ortega se ha convertido en los últimos meses en la figura de la resistencia más aplaudida, a pesar de venir directamente desde las filas del chavismo histórico y pese a que durante su antigua labor tomó duras acciones contra la oposición.
Su vuelco comenzó el 31 de marzo al denunciar una “ruptura del orden constitucional” luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intentara tomar las facultades de la Asamblea Nacional, controlada la oposición.
Antes de que aquello ocurriera, Ortega no se despegó ni un milímetro del chavismo. No sólo llevó los casos en contra de cientos de opositores durante las protestas antigubernamentales de 2014, sino que se encargó personalmente de la condena al líder de Voluntad Popular y el preso político más emblemático de la oposición, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel.
Pero desde su denuncia, a fines de marzo, las críticas de la “fiscal rebelde” no han cesado y las respuestas del gobierno tampoco.
Ortega fue finalmente destituida el 5 de agosto como primera medida de la Asamblea Constituyente, que se instaló en el Parlamento a comienzos de mes. Al mismo tiempo, el TSJ -considerado uno de los mejores aliados del Ejecutivo- ordenó su enjuiciamiento.
Tanto ella como su esposo, el diputado socialista Germán Ferrer, fueron acusados de liderar una red de corrupción desde el Ministerio Público y la pareja tuvo que salir del país el viernes. Ese día ingresaron a Colombia y denunciaron una “persecución política”.
El miércoles, Ortega volvió a soltar otra bomba al asegurar, desde Brasil, que cuenta con evidencia sobre el supuesto involucramiento de Maduro con la constructora Odebrecht, a la que acusa de haber pagado US$ 100 millones a Diosdado Cabello. Lo que no está claro es desde cuándo la ex fiscal manejaba esta información.
Un día antes Maduro anunció que solicitará a la Interpol un código rojo para la captura de Ortega, que según el mandatario, está involucrada en delitos graves.
Ortega ha recibido el apoyo de sus pares de la región, que la invitaron a Brasil a un encuentro de magistrados en el marco del Mercosur. También, la ex fiscal cuenta con el respaldo de magistrados que, tal como ella, han partido al exilio.
En el marco de este intercambio con autoridades de la región, desde la Fiscalía Nacional señalan que Jorge Abbott no ha hecho una invitación a la ex fiscal venezolana a nombre del gobierno chileno. De todos modos, en el caso de que la autoridad estime que estén las condiciones, el Ministerio Público apoyará que Ortega viaje a Chile.
En otra consecuencia de los dardos lanzados por Ortega contra Maduro en los últimos días, el gobierno venezolano resolvió sacar del aire a las emisoras colombianas Caracol y RCN por la manera en que, a juicio del gobierno chavista, han cubierto el caso de la fiscal rebelde, ahondando las restricciones a los medios en el país.