Los partidarios del Gobierno socialista de Venezuela eligieron a los miembros de una polémica Asamblea Constituyente, propuesta por el presidente Nicolás Maduro como la fórmula para aplacar la ola de protestas en su contra que ha dejado 124 muertos.

La oposición, que se negó a participar de los comicios del domingo, asegura que lo único que busca el mandatario con la constituyente es evitar las próximas elecciones -incluidas las presidenciales de fines del 2018- consolidando una “dictadura” en el país petrolero.

A continuación, algunas de las medidas que tomará o podría adoptar el nuevo cuerpo de 545 asambleístas que se instalará esta semana:

REESCRIBIR LA CONSTITUCIÓN Y TRANSFORMAR EL ESTADO

La misión primordial de la Asamblea Constituyente es redactar una nueva carta magna que reemplace a la promovida por el fallecido presidente Hugo Chávez. En esa oportunidad, la Asamblea tuvo una duración de seis meses.

Maduro ha dicho que la nueva Constitución será un “perfeccionamiento” del plan revolucionario de Chávez, quien gobernó entre 1999 y el 2013.

Entre los cambios planeados, Maduro ha adelantado que modificará la economía social de mercado propuesta en la actual carta magna por una pospetrolera que le permitirá al país depender cada vez menos de los vaivenes de los precios internacionales del crudo, su principal fuente de ingresos.

Además, el exchofer de autobús de 54 años ha dicho que incluirá los populares programas de subsidios -que le granjearon una enorme popularidad y rédito político a Chávez- en la nueva Constitución “para proteger y garantizar por siempre las misiones (planes de asistencia)”.

Asimismo, el nuevo cuerpo -durante el tiempo que decida sesionar- tiene potestad para transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, por ejemplo, reformando los códigos Penal y Civil, la ley laboral, las normas electorales y la legislación referida a la administración pública, incluyendo al Banco Central.

INSTAURAR UN PARLAMENTO COMUNAL

Maduro también ha dejado entrever que desde la Asamblea Constituyente sus aliados buscarán la aprobación de un Parlamento Comunal, algo ya ventilado por el chavismo cuando la oposición ganó las parlamentarias de fines del 2015.

Aunque las organizaciones comunitarias en Venezuela ya tienen un gran alcance a través de unos 45.000 consejos comunales, la constituyente podría darles más prominencia.

Incluso, hay quienes sostienen que la intención del Parlamento Comunal, que estaría integrado por sectores populares, es restarle poder a la Asamblea Nacional, en manos de los adversarios de Maduro.

IMPONERSE A LOS PODERES PÚBLICOS

Según la actual carta magna, los poderes públicos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente y ni el Presidente podrá objetar la nueva Constitución.

Cercanos aliados de Maduro, como el flamante constituyente, Diosdado Cabello, adelantaron que el nuevo cuerpo removerá de su cargo a la fiscal general, Luisa Ortega, quien se desmarcó recientemente del Gobierno y ha criticado la “brutal represión” de la fuerza pública en las protestas opositoras.

Además, Cabello, también vicepresidente del partido de Gobierno, dijo que la Asamblea Constituyente reemplazará al Parlamento y hasta sesionará en el hemiciclo que hoy ocupa el cuerpo, donde tiene mayoría la oposición.

“La Asamblea Nacional Constituyente tiene poderes plenipotenciarios, así que puede sustituir al parlamento, puede asumir sus funciones”, dijo Cabello días atrás.

PERSECUCIÓN POLÍTICA

Maduro ha dicho que uno de los objetivos de la Asamblea Constituyente es establecer un “diálogo” con la oposición para superar la crisis que ya acumula cuatro meses y más de 100 muertos.

Pero también ha advertido que “habrá justicia por los crímenes de la derecha” durante la actual ola de protestas y hasta amenazó al vicepresidente del Congreso, Freddy Guevara: “tienes tu celda lista”, le dijo Maduro días atrás.

En la oposición temen una cacería de brujas por parte de una Comisión de la Verdad, que se instalará como parte de la Asamblea Constituyente y que será presidida por la excanciller Delcy Rodríguez.

Según cifras de organizaciones de derechos humanos como Foro Penal, actualmente hay más de 400 “presos políticos” en Venezuela. Cuatro meses atrás, antes de la más reciente ola de protestas, eran alrededor de 100.

POSPONER ELECCIONES

A pesar que el oficialismo no ha dicho si la Asamblea Constituyente terminará en una “mega elección” como la de 1999 (para elegir a los miembros de todos los cargos de elección popular), ha advertido que busca crear las “condiciones” adecuadas para los procesos electorales en camino, como las regionales y municipales de este año y las presidenciales del próximo.

Sin embargo, la oposición insiste en que el plan del Gobierno es, por el contrario, dilatar aún más los comicios y mantener a Maduro en el poder.

De hecho, una rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández, dijo la semana pasada que las elecciones por venir dependerán de las decisiones de la constituyente, prácticamente descartando nuevos comicios hasta que cese la actividad del nuevo cuerpo, cuyo período se desconoce.