Ya es una suerte de “club” de ex Presidentes peruanos “acorralados” por la justicia. Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una pena de 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos bajo su régimen; Alejandro Toledo (2001-2006) figura en Estados Unidos con una orden de captura acusado de haber recibido US$ 20 millones de Odebrecht; el gobierno de Alan García (2006-2011) está siendo investigado por ese mismo caso, mientras que Ollanta Humala (2011-2016) fue acusado por la fiscalía de haber recibido US$ 3 millones de la misma constructora brasileña en su campaña de 2011. Pero esta madrugada, Humala enfrentaba una situación aún más adversa, ya que la justicia debatía si ordenaba una prisión preventiva por 18 meses. Finalmente, la decisión se tomará durante la jornada de este jueves.
La situación judicial de Humala y de su esposa Nadine Heredia mantuvo en vilo a los peruanos, que siguieron la audiencia a través de los medios y las redes sociales. El fiscal Germán Juárez imputó a la ex pareja presidencial de una serie de delitos, como lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Así, dio cuenta del oscuro financiamiento electoral de los Humala en las presidenciales de 2006 y 2011.
En su primera campaña, los Humala recibieron “aportes” de la Venezuela de Hugo Chávez, algo que siempre negó la ex primera dama. Los vínculos con el chavismo le costaron la elección a Ollanta esa vez, en la que se impuso Alan García. Y en 2011, cuando ya los Humala adoptaron el modelo de Lula, recibieron fondos negros de Odebrecht, según el fiscal. El ex Presidente dijo que la solicitud del fiscal era “abusiva y sorpresiva”. “No hay pruebas”, agregó.
Ni Ollanta ni Nadine se presentaron a la audiencia de ayer y todo el día sus adversarios hicieron correr la versión de que podrían intentar salir del país. De hecho, parte importante de la prensa se instaló frente a su casa en Lima, aunque en rigor nada impedía ayer a los Humala abandonar Perú si así lo decidían. En su representación, acudieron sus abogados Julio César Espinoza y Wilfredo Pedraza.
Pero también el fiscal dio cuenta de otras graves acusaciones. Afirmó que Heredia abrió dos cuentas a plazo a nombre de sus hijas, Illariy y Nayra, por más de US$ 12 mil, y que ese dinero tendría origen ilícito. El fiscal expuso que el Banco de Comercio informó a la fiscalía de lavado de activos en enero sobre la existencia de estas dos cuentas. El ente bancario precisó que estas cuentas han tenido 13 renovaciones desde el 26 de setiembre de 2006.
“Las cantidades de dinero no han sido fruto de su trabajo, sino de aportes ilegales con dinero ilícito que venían del extranjero por empresas producto de la corrupción”, dijo el fiscal sobre lo que habría recibido el Partido Nacionalista Peruano en los comicios de 2006 y 2011.
A la solicitud de prisión preventiva contestó el abogado Espinoza. El defensor dijo que los Humala se sometieron todo este tiempo a la jurisdicción y que muchos testigos aludidos por el fiscal ni siquiera estaban identificados. A su juicio, el persecutor buscaba sin fundamento dejar a tres menores “sin padres” por 18 meses. La maratónica audiencia proseguía en horas de la madrugada con las partes haciendo uso del tiempo de réplica previo al fallo del magistrado.